Los ciudadanos siguen indefensos frente a las tecnologías de la información

Responsables de la Comisión de Libertades e Informática, CLI, señalaron que, a pesar de la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los datos, LORTAD, los ciudadanos siguen estando indefensos ante las últimas tecnologías informáticas y de telecomunicaciones.

El motivo de esta nueva comparecencia pública fue presentar una propuesta de ley Autonómica de Protección de Datos Personales Automatizados, LARTAD, elaborada por parte del magistrado Jesús Martínez Arenas, representante de Jueces para la Democracia dentro de la Comisión de Libertades e Informática de la Comunidad Valenciana, CLIVA.

La propuesta elaborada por dicha comisión incide en algunos de los distintos puntos que existen dentro de la LORTAD y que prevé su desarrollo legislativo por parte de las distintas Comunidades Autónomas. Con esta propuesta queremos servir de modelo para que otras comunidades puedan desarrollar su propia ley de regulación de los datos automatizados siempre dentro del marco general establecido por la LORTAD, señaló Jesús Martínez Arenas.

Entre las características más relevantes de esta propuesta destaca el desarrollo del artículo 40 de la LORTAD, que se refiere a la creación de la Agencia de Protección de Datos. La LARTAD no se limita tan sólo a su creación en las diferentes autonomías, sino que regula y detalla su ámbito de aplicación y desarrolla determinados aspectos para adaptarla mejor a las regulaciones existentes en Europa, así como al marco legal de autogobierno de las Comunidades Autónomas.

Aportar también una mayor independencia y representatividad a éste órgano al reflejar que el nombramiento de su Director lo efectuaría los miembros del Consejo Autonómico de Protección de Datos y no el Gobierno, como sucede actualmente en la Agencia de Protección de Datos.

Por lo que respecta a ésta, Antonio Farriols, representante de la CLI señaló que, todavía no ha hecho nada que refleje su funcionamiento, y a pesar de que el Reglamento que la desarrolla no ha sido publicado, si es cierto que hay una serie de cosas que podría haber llevado adelante, hay muchos aspectos en los que ya prodría estar trabajando.

Entre las acciones que su opinión podría haber desarrollado la Agencia se incluye el proceso de inscripción de los ficheros públicos, cuyo plazo legal establecido por el Gobierno finaliza el próximo 31 de julio.

Tampoco, por parte del Gobierno se han establecido los mecanismos necesarios para garantizar su independencia, así como de todo aquello necesario para acercarla a los ciudadanos, y agilizar su funcionamiento. Igualmente en opinión de Farriols, la Agencia podría haber realizado ya una serie de trabajo sectoriales por áreas significativas, en diferentes campos, laboral, marketing, telecomunicaciones, para conocer todo lo existente en ellos.

Otro de los aspectos que se tocaron en la citada comparecencia fue el referido a los delitos informáticos. Para Rafael Fernandez Calvo, representante en la CLI de la Asociación de Tecnicos Informáticos, hay que variar la terminología de delito informático actual, ya que esta incluye una amplia variedad de delitos que no se refieren directamente al ataque de la intimidad de la persona mediante la utilización de los datos informáticos.

Es necesario también que se lleve a cabo una perfecta definición de lo que se entiende por datos reservados, por recogida de datos automatizada, cesión temporal o definitica de los datos de caracter personal y todo esto debe estar perfectamente establecido y los delitos contra ellos recogidos en el Código Penal, algo que no sucede actualmente, sobre todo en los que se refieren al título primero de la Constitución española.