El Parlamento Europeo valida la Ley de IA, que queda a un paso de su total aprobación
Con una amplia mayoría, la Eurocámara ha dado su visto bueno a la que, de ser aprobada por los Estados miembros, será la primera normativa que regule el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.
La Ley Europea de Inteligencia Artificial (IA) ha marcado un nuevo hito y está a sólo un paso de convertirse en realidad: este miércoles, el Parlamento Europeo ha votado el reglamento y lo ha aprobado con una amplia mayoría, de 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. Tras el visto bueno de la Eurocámara, la ley deberá sortear un último trámite, la validación por parte de los Estados miembros.
Se trata de un apoyo “aplastante” de los eurodiputados a la regulación, en palabras del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, un respaldo que convertirá a Europa en la primera región en contar con una legislación que regule el desarrollo y uso de esta tecnología. Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó que "la IA forma parte ya de nuestras vidas diarias. Ahora, también será parte de nuestra legislación”.
Se espera que la aprobación final de la Ley de IA por parte de los Estados se dé en mayo, para luego entrar en vigor 20 días después de ser publicado en el Diario Oficial. Entonces comenzará su implementación gradual, primero con la puesta en marcha del órgano supervisor, la Oficina de IA, hasta finalizar su aplicación en 2026.
El texto de la ley, cuya discusión lleva cinco años, fue acordado en diciembre del año pasado, cuando España todavía ostentaba la presidencia del Consejo de la UE, e incluyó, entre otras cosas, normas sobre los modelos de IA de propósito general de alto impacto que puedan causar un riesgo sistémico en el futuro, así como sobre los sistemas de IA de alto riesgo; un sistema de gobernanza con algunos poderes coercitivos a nivel de la UE; una lista de prohibiciones; y una mejor protección de los derechos mediante la obligación de que quienes desplieguen sistemas de IA de alto riesgo realicen una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales antes de poner en funcionamiento un sistema de IA. Su incumplimiento conllevará multas de hasta 35 millones de euros.
