Acceso a banda ancha como justicia social
Atarfe propicia un debate sobre Internet como servicio público
Un pueblo granadino ha hecho que se tambaleen los cimientos del modelo de liberalización de las telecomunicaciones. Su proyecto “Atarfe es Sociedad del Conocimiento” pretende superar la brecha digital facilitando a sus ciudadanos un acceso asequible a banda ancha. Sin embargo, varias empresas lo han denunciado a la CMT, que ha abierto un expediente asegurando que no cumple la normativa y perjudica la libre competencia. El debate está servido.
El caso de Atarfe es un ejemplo claro de la dificultad que implica conjugar adecuadamente la libre competencia de las telecomunicaciones y la pretensión legítima de un ente público de beneficiar a sus ciudadanos, otorgándoles la posibilidad de acceder a la Sociedad de la Información de forma asequible. Atarfe es un municipio enclavado en la Depresión de Granada, a 11 kilómetros de la capital y con una población de casi 14.000 habitantes. Hasta ahora prácticamente desconocido, su iniciativa “Atarfe es Sociedad del Conocimiento” y la repercusión que éste ha ocasionado le ha otorgado una popularidad inaudita. Todo empezó antes de las elecciones municipales de Andalucía, celebradas en mayo del pasado año 2003, cuando el partido que gobierna en el ayuntamiento desde hace años, el PSOE, erigió como uno de los ejes estratégicos de su campaña promover la Sociedad de la Información a través de un proyecto que rompiera la brecha digital existente en el municipio, una iniciativa bien recibida por sus ciudadanos, que le otorgaron una mayoría absoluta sin precedentes. Fue Antonio Rojo, un apasionado de las Tecnologías de la Información y actual concejal de Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento, de quien partió la idea de lanzar este proyecto: “Estamos convencidos de que Internet es el futuro y de que, al igual que el acceso a las bibliotecas es una iniciativa que se realiza desde el sector público, el acceso a las Nuevas Tecnologías y a la banda ancha se debe también facilitar desde este tipo de instituciones”. Rojo y el equipo del Gobierno de Atarfe tienen claro que Internet es un servicio social y un derecho del ciudadano, por lo que su iniciativa engloba tres objetivos: proporcionar conexión de banda ancha (actualmente a través de Wi-Fi, hasta que finalicen la creación de infraestructura re red de cable mixta de fibra óptica y coaxial) a bajo precio, unos 4 euros al mes (frente a los 39 que suele costar el acceso a banda ancha a través de uno de los operadores habituales del mercado), aunque, de momento, dado que está en fase de pruebas el acceso es gratuito el primer año; ayudar a la adquisición de equipos informáticos a bajo precio a través de tres entidades bancarias con las que el Ayuntamiento ha firmado un acuerdo para que los intereses de los créditos sean cubiertos por éste y no por los ciudadanos; y, finalmente, llevar a cabo cursos gratuitos para enseñar a los habitantes a utilizar Internet y el ordenador. “Nuestro proyecto es pionero, pues ningún ayuntamiento había llegado tan lejos en potenciar la Sociedad de la Información”. De hecho, Rojo asegura que actualmente la administración pública se enfrenta con un reto: ayudar a superar el analfabetismo tecnológico. Una tarea en la que el principal escollo a salvar son las multinacionales.
Justicia social versus libre competencia
El problema para los responsables del proyecto comenzó cuando la empresa TV Atarfe, un operador que ofrece servicios de televisión y de telefonía IP y acceso a Internet, y, posteriormente, la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) denunciaron ante la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) el incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas. Como apunta Eduardo Poyato, director general de TV Atarfe, “no es justo que empresas como la nuestra, que han invertido mucho dinero para ofertar servicios de telecomunicaciones, ahora vean perjudicado enormemente su negocio por el hecho de que un ente público proporcione estos servicios gratis o a un coste que no cubra ni siquiera los costes. Es imposible competir con ellos. Además, están fuera de la ley”. De momento, esta denuncia ha sido aceptada por la CMT, quien ha abierto un expediente sancionador asegurando que la empresa de titularidad pública Proyecto Atarfe, que es propiedad del Ayuntamiento y tiene como único accionista, consejero y presidente al alcalde del municipio, “ha iniciado presuntamente la explotación de una red y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos de la Ley General de Telecomunicaciones”, que entró en vigor en noviembre de 2003 y que exige una notificación previa a la CMT antes de empezar a ofertar los servicios. Asimismo, en dicho expediente, la CMT remite a una resolución de junio de 2003, en la que advertía al consorcio local catalán Localret de la posibilidad de distorsionar la libre competencia del mercado de las telecomunicaciones que puede acarrear para ayuntamientos, empresas municipales y demás entidades públicas la oferta de este tipo de servicios con carácter gratuito.
El concejal Antonio Rojo, asegura que su equipo intentará realizar las reformas oportunas del proyecto para no vulnerar la libre competencia y añade que, de hecho, enviaron la solicitud de inscripción hace tiempo. “Además, el carácter gratuito del acceso sólo es durante el primer año, dado que aún está en prueba, hasta 2005. No entendemos por qué las empresas pueden regalar módems con el alta de sus servicios y nosotros no podemos ofrecer un servicio gratuito durante el período de prueba”. Eso sí, señala que en ningún momento han pensado en abandonar una iniciativa “que es de justicia social y pretende acercar a los ciudadanos a un bajo coste lo que las empresas privadas les ofrecen a un precio elevado que impide que muchos puedan acceder a la Sociedad de la Información”.
¿Inadecuada liberalización de las telecomunicaciones?
Tras conocer la problemática, la Asociación de Internautas (AI) ha concedido su apoyo al equipo del gobierno de Atarfe y solicitado a la CMT que reconsidere su postura y que, como señala Víctor Domingo, su presidente, “preserve la competencia del sector, sin perjudicar a los usuarios, como suele pasar”. Domingo manifiesta que el problema que subyace en el caso de Atarfe es el hecho de que la liberalización de las telecomunicaciones en España se ha hecho de forma inadecuada: “No se está obligando a los operadores a invertir en tecnología, así que éstos han firmado un acuerdo con Telefónica, que es la que posee la infraestructura, mediante el cual le pagan una cuota para poder usar su red para proporcionar servicios de telecomunicaciones. Esta situación les obliga a elevar sus precios de acceso a banda ancha lo que, finalmente, perjudica a los usuarios españoles, que son los que más pagan en Europa por un servicio mediocre de banda ancha, que sólo suele alcanzar 256 k”. El presidente de la AI ve con buenos ojos el Proyecto Atarfe, en el que “es un ayuntamiento el que se constituye en una operadora, lo que abre una perspectivas interesantes para la ciudadanía. La CMT debería estimular este tipo de iniciativas, en vez de sancionarlas, debido a la presión de distintos lobbies”. Domingo propone como solución una nueva regu
El caso de Atarfe es un ejemplo claro de la dificultad que implica conjugar adecuadamente la libre competencia de las telecomunicaciones y la pretensión legítima de un ente público de beneficiar a sus ciudadanos, otorgándoles la posibilidad de acceder a la Sociedad de la Información de forma asequible. Atarfe es un municipio enclavado en la Depresión de Granada, a 11 kilómetros de la capital y con una población de casi 14.000 habitantes. Hasta ahora prácticamente desconocido, su iniciativa “Atarfe es Sociedad del Conocimiento” y la repercusión que éste ha ocasionado le ha otorgado una popularidad inaudita. Todo empezó antes de las elecciones municipales de Andalucía, celebradas en mayo del pasado año 2003, cuando el partido que gobierna en el ayuntamiento desde hace años, el PSOE, erigió como uno de los ejes estratégicos de su campaña promover la Sociedad de la Información a través de un proyecto que rompiera la brecha digital existente en el municipio, una iniciativa bien recibida por sus ciudadanos, que le otorgaron una mayoría absoluta sin precedentes. Fue Antonio Rojo, un apasionado de las Tecnologías de la Información y actual concejal de Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento, de quien partió la idea de lanzar este proyecto: “Estamos convencidos de que Internet es el futuro y de que, al igual que el acceso a las bibliotecas es una iniciativa que se realiza desde el sector público, el acceso a las Nuevas Tecnologías y a la banda ancha se debe también facilitar desde este tipo de instituciones”. Rojo y el equipo del Gobierno de Atarfe tienen claro que Internet es un servicio social y un derecho del ciudadano, por lo que su iniciativa engloba tres objetivos: proporcionar conexión de banda ancha (actualmente a través de Wi-Fi, hasta que finalicen la creación de infraestructura re red de cable mixta de fibra óptica y coaxial) a bajo precio, unos 4 euros al mes (frente a los 39 que suele costar el acceso a banda ancha a través de uno de los operadores habituales del mercado), aunque, de momento, dado que está en fase de pruebas el acceso es gratuito el primer año; ayudar a la adquisición de equipos informáticos a bajo precio a través de tres entidades bancarias con las que el Ayuntamiento ha firmado un acuerdo para que los intereses de los créditos sean cubiertos por éste y no por los ciudadanos; y, finalmente, llevar a cabo cursos gratuitos para enseñar a los habitantes a utilizar Internet y el ordenador. “Nuestro proyecto es pionero, pues ningún ayuntamiento había llegado tan lejos en potenciar la Sociedad de la Información”. De hecho, Rojo asegura que actualmente la administración pública se enfrenta con un reto: ayudar a superar el analfabetismo tecnológico. Una tarea en la que el principal escollo a salvar son las multinacionales.
Justicia social versus libre competencia
El problema para los responsables del proyecto comenzó cuando la empresa TV Atarfe, un operador que ofrece servicios de televisión y de telefonía IP y acceso a Internet, y, posteriormente, la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) denunciaron ante la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) el incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas. Como apunta Eduardo Poyato, director general de TV Atarfe, “no es justo que empresas como la nuestra, que han invertido mucho dinero para ofertar servicios de telecomunicaciones, ahora vean perjudicado enormemente su negocio por el hecho de que un ente público proporcione estos servicios gratis o a un coste que no cubra ni siquiera los costes. Es imposible competir con ellos. Además, están fuera de la ley”. De momento, esta denuncia ha sido aceptada por la CMT, quien ha abierto un expediente sancionador asegurando que la empresa de titularidad pública Proyecto Atarfe, que es propiedad del Ayuntamiento y tiene como único accionista, consejero y presidente al alcalde del municipio, “ha iniciado presuntamente la explotación de una red y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos de la Ley General de Telecomunicaciones”, que entró en vigor en noviembre de 2003 y que exige una notificación previa a la CMT antes de empezar a ofertar los servicios. Asimismo, en dicho expediente, la CMT remite a una resolución de junio de 2003, en la que advertía al consorcio local catalán Localret de la posibilidad de distorsionar la libre competencia del mercado de las telecomunicaciones que puede acarrear para ayuntamientos, empresas municipales y demás entidades públicas la oferta de este tipo de servicios con carácter gratuito.
El concejal Antonio Rojo, asegura que su equipo intentará realizar las reformas oportunas del proyecto para no vulnerar la libre competencia y añade que, de hecho, enviaron la solicitud de inscripción hace tiempo. “Además, el carácter gratuito del acceso sólo es durante el primer año, dado que aún está en prueba, hasta 2005. No entendemos por qué las empresas pueden regalar módems con el alta de sus servicios y nosotros no podemos ofrecer un servicio gratuito durante el período de prueba”. Eso sí, señala que en ningún momento han pensado en abandonar una iniciativa “que es de justicia social y pretende acercar a los ciudadanos a un bajo coste lo que las empresas privadas les ofrecen a un precio elevado que impide que muchos puedan acceder a la Sociedad de la Información”.
¿Inadecuada liberalización de las telecomunicaciones?
Tras conocer la problemática, la Asociación de Internautas (AI) ha concedido su apoyo al equipo del gobierno de Atarfe y solicitado a la CMT que reconsidere su postura y que, como señala Víctor Domingo, su presidente, “preserve la competencia del sector, sin perjudicar a los usuarios, como suele pasar”. Domingo manifiesta que el problema que subyace en el caso de Atarfe es el hecho de que la liberalización de las telecomunicaciones en España se ha hecho de forma inadecuada: “No se está obligando a los operadores a invertir en tecnología, así que éstos han firmado un acuerdo con Telefónica, que es la que posee la infraestructura, mediante el cual le pagan una cuota para poder usar su red para proporcionar servicios de telecomunicaciones. Esta situación les obliga a elevar sus precios de acceso a banda ancha lo que, finalmente, perjudica a los usuarios españoles, que son los que más pagan en Europa por un servicio mediocre de banda ancha, que sólo suele alcanzar 256 k”. El presidente de la AI ve con buenos ojos el Proyecto Atarfe, en el que “es un ayuntamiento el que se constituye en una operadora, lo que abre una perspectivas interesantes para la ciudadanía. La CMT debería estimular este tipo de iniciativas, en vez de sancionarlas, debido a la presión de distintos lobbies”. Domingo propone como solución una nueva regu
