La OCDE radiografía el estado del gobierno digital: aún queda camino por recorrer

El Índice de Gobierno Digital (DGI) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) evalúa los esfuerzos realizados por los gobiernos para establecer las bases necesarias para lograr una transformación digital del sector público coherente y centrada en el ser humano. Basándose en el ejercicio piloto realizado en 2020, el DGI sirve como recurso para que los responsables políticos apoyen reformas integrales en materia de digitalización a fin de aumentar la productividad, robustecer los servicios gubernamentales y mejorar la vida de las personas. En este sentido cabe destacar que la nueva edición del informe radiografía el estado del gobierno digital entre las naciones participantes. Los resultados son concluyentes: aunque se ha avanzado, aún queda camino por recorrer. Entre las asignaturas pendientes, el índice revela un mayor acceso global a los datos, definición de mecanismos de gobernanza integrales y abrazar un enfoque estratégico para la inteligencia artificial (IA).

Telón de fondo

En la actualidad, las administraciones públicas operan en un entorno digital exigente y en constante evolución. Como resultado de ello se enfrentan a una serie de retos acuciantes, desde el ritmo irrefrenable de los avances tecnológicos y la adopción de tecnologías emergentes como la IA, hasta las crecientes expectativas de los ciudadanos sobre servicios públicos sin fisuras. Durante la pandemia desatada por la Covid-19, la mayoría de gobiernos intensificaron sus esfuerzos para digitalizar el sector público con el propósito de mejorar su resistencia y capacidad de respuesta. En este contexto, el gobierno digital surgió como un medio crucial para garantizar la continuidad de las operaciones del sector público y la prestación de servicios esenciales.

Sin embargo, a raíz de la pandemia, ha quedado claro que acelerar la digitalización del sector público no conduce automáticamente a mejores resultados, ni a cambios más transformadores y sostenibles. Con el punto de mira puesto en el mañana, el reto radica en que los gobiernos adopten un enfoque estratégico anclado en los avances logrados durante la pandemia con resultados a largo plazo. Según el pliego, para aumentar la eficacia y la eficiencia del sector público los gobiernos deben para aprovechar las ventajas de la transformación digital y mitigar sus posibles riesgos. La consecución de estos resultados requiere de una transformación que permita una mayor interoperabilidad, integración y colaboración, dentro y a través de los límites sectoriales y los niveles de gobierno, así como más allá de las fronteras nacionales.

El gobierno digital puede ser un poderoso motor para dicha transformación. Sin embargo, para que esto ocurra, debe sustentarse sobre los pilares adecuados. Estos cimientos deben incluir una infraestructura pública digital fiable y resistente, que abarque la identidad digital, los pagos digitales, el correo digital y los sistemas de intercambio de datos, entre otros. Esto, tal y como sugiere el informe, es crucial para alcanzar una transformación digital a escala.

Medición de la madurez digital

La DGI evalúa el gobierno digital de los países examinando el grado en que cuentan con los cimientos necesarios para poder aprovechar los datos y la tecnología con el fin de llevar a cabo una transformación digital del sector público centrada en el ser humano y en todo el gobierno. La metodología empleada para medir el grado de madurez digital de las naciones se basa en los siguientes parámetros:

Digital desde el diseño: mide cómo se diseñan las políticas de gobierno digital para permitir al sector público utilizar herramientas y datos digitales de forma coherente a la hora de formular políticas o transformar los servicios públicos.

Impulsada por los datos: mide los avances del gobierno en el desarrollo de la gobernanza y los habilitadores necesarios para acceder a los datos, compartirlos y reutilizarlos en todo el sector público.

Administración como plataforma: mide el despliegue de componentes básicos comunes como directrices, herramientas, datos, identidad digital y software para equipar a los equipos con el fin de avanzar en una transformación coherente de los procesos y servicios de la Administración en todo el sector público.

Abierto por defecto: mide la apertura más allá de la publicación de datos abiertos, incluyendo esfuerzos para fomentar el uso de tecnologías y datos para comunicarse y relacionarse con diferentes actores.

Orientado al usuario: mide la capacidad de los gobiernos para situar las necesidades de los usuarios en el centro del diseño y la aplicación de las políticas y los servicios públicos.

Proactividad: mide la capacidad de los gobiernos para anticiparse a las necesidades de los usuarios y proveedores de servicios para prestar servicios públicos de forma proactiva.

Conclusiones a considerar

Los países con mejores resultados en el Índice de Gobierno Digital 2023 son Corea, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Australia, Estonia, Colombia, Irlanda, Francia y Canadá. Estos países demuestran un enfoque integral para garantizar bases sólidas para el gobierno digital con un rendimiento equilibrado en las seis dimensiones.

Entre las conclusiones se desprende que los países de la OCDE obtienen mejores resultados a la hora de sentar las bases de una administración pública digital y basada en datos, es decir, obtienen puntuaciones medias más altas en las dimensiones Digital by design, Sector público basado en datos y Gobierno como plataforma. Estos resultados reflejan los esfuerzos por reforzar cimientos del gobierno digital en respuesta a la pandemia, incluida la necesidad de desplegar y ampliar la infraestructura pública digital para apoyar el acceso a la información.

Al examinar el ciclo político, los gobiernos obtienen mejores resultados globales al adoptar un enfoque estratégico del gobierno digital de forma coherente en las seis dimensiones. Por el contrario, los esfuerzos de seguimiento presentan los resultados más bajos. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de centrarse en la aplicación efectiva de las políticas de gobierno digital, a fin de garantizar que se alcancen los objetivos y que las partes interesadas rindan cuentas.

Los países han hecho progresos significativos en el fortalecimiento de la gobernanza del digital. Sin embargo, los gobiernos necesitan mejorar el mandato y los mecanismos de supervisión de los acuerdos encomendados para lograr un mayor impacto. Los resultados de la dimensión Digital by Design muestran que todos los países cuentan con instrumentos políticos y estructuras institucionales específicas para dirigir el gobierno digital. Sin embargo, el informe insta a establecer mecanismos sólidos y globales de supervisión y rendición de cuentas.

Avanzar en la gobernanza de los datos en el sector público se ha convertido en una prioridad absoluta para la mayoría de los países para garantizar el uso de los datos como activo estratégico. Según los resultados de la dimensión Sector Público Basado en Datos, cerca de dos tercios de los países han establecido funciones de liderazgo específicas, mecanismos de gobernanza e instrumentos estratégicos para los datos. Estos, defienden, son importantes para garantizar el impacto y la eficacia de las políticas de datos (por ejemplo, la interoperabilidad de los datos).

No obstante cabe mencionar que los países de la OCDE deberían dar prioridad a la adopción de mecanismos para mejorar el acceso a los datos y su intercambio global. La mayoría de los países cuentan con mecanismos de intercambio de datos para el sector público, por ejemplo, sistemas de interoperabilidad, pero sólo un poco más de la mitad de las instituciones del sector público los utilizan de forma efectiva a nivel central/federal y subnacional.

Los países deben esforzarse más por establecer una infraestructura pública digital sólida que apoye unos servicios fluidos, proactivos e inclusivos en la era digital. Los resultados de la dimensión Gobierno como plataforma indican que, a pesar de la elevada adopción de la identidad digital y los de identidad digital y sistemas de intercambio de datos, otras infraestructuras públicas digitales clave, como el correo digital común, la notificación y las soluciones de pago, no están ampliamente disponibles.

Asimismo, aunque en la mayoría de los países existen soluciones de identidad digital para acceder a los servicios públicos, se necesitan más medidas para permitir el uso intersectorial. Aunque la adopción de sistemas de identidad digital es elevada, pueden reforzarse los acuerdos de gobernanza de apoyo (incluido el liderazgo y el mandato para la identidad digital a nivel nacional) para que los usuarios y los proveedores de servicios aprovechen eficazmente sus beneficios.

Por otra parte, en los países de la OCDE no se dispone de mecanismos de gobernanza integrales para gestionar eficientemente las inversiones y el gasto en la administración digital. Con la acelerada transición digital, los gobiernos invierten cada vez más recursos financieros en este ámbito. En general, los gobiernos cuentan con mecanismos específicos para calibrar la propuesta de valor de las inversiones digitales y evaluar sus méritos en relación con las prioridades gubernamentales. Sin embargo, los datos de la dimensión Gobierno como plataforma muestran que los esfuerzos actuales aún no permiten una gestión y estratégica de las inversiones digitales, desde la planificación hasta la ejecución y el seguimiento. Sólo el 15% de los países de la OCDE dispone de un marco de inversión global para todas las inversiones o para aquellas que cumplen determinadas condiciones.

A pesar de los avances positivos en el fomento de una cultura de apertura, los países deben seguir desarrollando las palancas políticas y el mecanismo de supervisión necesarios para garantizar un progreso duradero. Los resultados en la dimensión Abierto por defecto muestran que los gobiernos no están priorizando herramientas clave que promuevan la apertura en el uso de las tecnologías digitales, ni en los datos del sector público (en línea con los resultados del Índice OURdata 2023). Por ejemplo, solo el 15,8% de los países cuenta actualmente con un instrumento político para ayudar a las instituciones públicas a explicar por qué y cómo utilizan algoritmos. Esto también incluye la escasa adopción de directrices para el uso de soluciones de código abierto y mecanismos de colaboración dentro de los ecosistemas digitales para reforzar la cultura de apertura y transparencia.

Según se desprende, la mayoría de los países están firmemente comprometidos con la reducción de la brecha digital. Más del 90% ha han puesto en marcha un plan de acción para combatir la brecha digital, y el 80% de ellos también han establecido un marco jurídico y reglamentario, mecanismos de financiación y comunicaciones públicas para apoyar la aplicación del plan de acción. De igual forma los países han avanzado considerablemente en el establecimiento de enfoques estratégicos para el uso de la IA en el sector público y en la adopción de instrumentos no vinculantes para su uso responsable y sostenible.

Sin embargo, los resultados de la dimensión Proactividad sugieren que los gobiernos podrían hacer un mejor uso de la IA para mejorar la eficiencia, la eficacia y la capacidad de respuesta del gobierno alineando mejor los esfuerzos de implementación con las herramientas políticas pertinentes. Esto incluye reforzar la infraestructura digital básica, la inversión en el desarrollo de competencias, el perfeccionamiento de las normas de contratación eficaces,  el establecimiento de normas, la mejora de los mecanismos de supervisión y las herramientas de evaluación de impacto y la creación de asociaciones.