El Estado se convertirá en el primer accionista de Telefónica como respuesta a la llegada de STC

Después de meses de elucubraciones en torno al futuro de Telefónica tras conocerse la entrada del grupo saudí STC en el capital del operador, el Gobierno ha dado un paso fuerte para mantener el “interés nacional” y la “estabilidad accionarial” de una de las empresas estratégicas del país: este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la compra, por un valor aproximado de 2.000 millones de euros, de hasta un 10% de acciones de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), convirtiéndola en el primer accionista de la telco.

Con la operación, que se hará de forma progresiva para no aumentar la cotización de la compañía y disparar la transacción, el Estado volverá a Telefónica después de 26 años desde su privatización, y lo hará con uno o dos miembros en su consejo de administración. Con la compra, la SEPI superará la participación de otros accionistas como BBVA, CaixaBank, BlackRock o la misma STC, cuya adquisición del 9,9% de la telco en septiembre (que aún espera el visto bueno del Gobierno) sacudió a la industria.

Tras anunciarse el movimiento, la SEPI señaló en un comunicado que su participación “permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”.

Desde el Ministerio de Hacienda expresaron que “la presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales. Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa”.

Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, destacó que la operación está “en línea con otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen o están incluso incrementando su participación pública en los grandes operadores de telecomunicaciones”.

La SEPI cuenta con una caja de 454,69 millones y un límite de endeudamiento de 320 millones fijado por los Presupuestos del Estado, por lo que requerirá de una autorización de Hacienda para pedir un préstamo al Estado para poder llevar a cabo la compra. Una vez completada, el Gobierno podrá dar luz verde a la adquisición de acciones por parte de STC y su posible entrada al consejo de administración.