Elecciones 23J en clave tecnológica: así hablan los analistas

El pasado 29 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba públicamente la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales. Una maniobra abrupta, casi kamikaze, propia de alguien que forjó su propio libro de jugadas durante la guerra de Kosovo, con dos escenarios posibles: la revalidación del cargo o la condena al olvido. Desde aquella comparecencia institucional que avanzaba unos comicios de alto voltaje, la incertidumbre, la crítica y la pesadumbre ante los altos registros del mercurio no han dejado de sucederse. Con las elecciones del próximo 23 de julio a la vuelta de la esquina y una ola de calor acechando sobre el territorio, el debate sobre la presencialidad para ejercer el derecho al voto vuelve a salir a la palestra. ¿No contamos con tecnología suficientemente madura para poder ejercer este derecho democrático también online? Sobre este y otros temas arrojan algo de luz Alberto Bellé y Fernando Maldonado, analistas principales de IDG Research.

Actualmente, comentan, en España solo es posible el voto presencial o por correo, por tanto, el debate de la presencialidad puede aplicar a elecciones futuras, pero no a la actual. “El voto telemático o e-voting lleva años en la agenda de muchos países; aunque, salvo en el caso de Estonia, las iniciativas no han fructiferado o las propias naciones las han frenado o revertido. Los principales retos no son puramente tecnológicos, sino de otro calado”. En este contexto, apuntan hacia tres áreas diferenciadas. Los riesgos de ciberataques, los problemas legales asociados y la experiencia de usuario y posibles errores. Todo esto, inciden, se resume en que “aunque existe la tecnología, no hay una confianza en que los resultados sean fiables. Queda bastante camino por recorrer antes de que el voto electrónico se haga realidad”.

Tecnología: ¿cuestión de Estado?

La gran preocupación en el terreno tecnológico suscitada por el adelanto de la inminente cita con las urnas radica en cómo podría afectar esto a la actual apuesta por la innovación y la digitalización puesta en marcha desde la administración general. “Mientras que antes solo los temas relacionados con la política exterior y al defensa se consideraban temas de Estado, en un mundo globalizado como el actual, la digitalización se ha posicionado también como uno de ellos”, reconocía recientemente en un encuentro con la prensa Eduardo Serra, presidente de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES). En la misma línea, Víctor Calvo-Sotelo, director general de la patronal DigitalES, afirmaba que “este sigue siendo un sector que concita grandes consensos políticos”.

Con ellos coinciden los analistas de IDG Research. “La digitalización es una cuestión de Estado al igual que puede serlo la sanidad, educación o defensa, porque es transversal, es decir, afecta a todas las áreas de la sociedad y las administraciones en su conjunto. Por eso, lo más importante es que se trate de forma coordinada, sobre todo teniendo en cuenta los tres niveles de administración -central, autonómica y local- que existen en España”. La clave en este sentido, inciden los expertos, está en “decidir en qué aspectos es interesante una coordinación centralizada y en cuáles es mejor que cada administración tenga flexibilidad para ajustarse a sus necesidades”.

¿Riesgo a la vista?

También genera controversia el posible impacto –o no- del adelanto de las elecciones en proyectos o iniciativas que ya estaban en marcha como el famoso PERTE Chip español. “Hay que distinguir entre iniciativas que son estratégicas y que están enmarcadas en un contexto europeo, de otras con un carácter más táctico y local”, explican los analistas. “El PERTE Chip pertenece a las primeras: es una iniciativa que está alineada dentro del Chip Act europeo y que se nutre de los fondos Next Generation. Europa quiere conseguir una mayor autonomía en la fabricación de chips a lo largo de su extensa y compleja cadena de valor, y cada país colabora/compite por atraer inversión”. Así, aunque “puede haber cambios en cómo se ejecuta la estrategia, incluso donde se pone el foco, el proyecto continuará”. Es más, inciden, “lo hará independientemente de anuncios como el de Broadcom”, aunque estos, reconocen, “ayuden”.

Próximo curso político: tecnologías populares

Con el punto de mira puesto en el próximo curso político, los analistas disciernen qué tecnologías serán las más populares. En este contexto, la gran protagonista seguirá siendo la inteligencia artificial (IA). “No cabe duda de que la IA seguirá ocupando un lugar central en la agenda política. Su repercusión social es tan elevada que nadie puede sustraerse del debate. Además de la dimensión social sobre cómo asegurar que se hace un uso responsable y ético, está la dimensión económica; se trata de una tecnología capaz de transformar los negocios e impulsar la productividad de todo un país”.

Fuera de la parte mediática de la IA, aseveran, “España está convirtiéndose en un polo de atracción de infraestructura tecnológica conectada (centros de datos, cables submarinos). Aunque esta es una parte invisible para los ciudadanos, tiene un efecto dinamizador para el conjunto de la economía digital”. Tanto es así que España ya ha entrado por “derecho propio” en el “mapa de infraestructura tecnológica global”. Por otro lado, dentro de la infraestructura, la tecnología 5G seguirá siendo un asunto de alto interés. “Cada nuevo despliegue de infraestructura de telecomunicaciones siempre acapara la atención política. En este caso, además, tiene la capacidad de arrastrar startups que construyan servicios innovadores por encima”, revelan.

Áreas tecnológicas subyacentes a las siglas políticas

Más allá de los resultados electorales, el próximo plan de gobierno debería poner el acento en algunas áreas tecnológicas de vital importancia. Estas, indudablemente, deberían permanecer inalterables al partido que ostente el sillón de poder. Los portavoces aseguran que el plan de gobierno, “además de incorporar el desarrollo de infraestructuras tecnológicas, también debe cubrir otros elementos más allá de las propias tecnologías”. En este sentido dirigen el foco hacia tres cuestiones básicas. Por un lado, el avance hacia la modernización de las administraciones, aprovechando las nuevas tecnologías para combinar mayor rapidez y calidad de los servicios al ciudadano con eficiencia.

Por otro, impulsar el desarrollo de capacidades para que España en su conjunto sea competitiva tecnológicamente, en particular, las pymes. “No sólo se necesitan perfiles especializados en las áreas más punteras, como ciberseguridad o inteligencia artificial. Son muchas las empresas que tienen problemas para encontrar técnicos, y este es un reto para que los proyectos tecnológicos sean viables en la práctica”. Por último, en la regulación del uso de la tecnología. Por ejemplo, la irrupción de nuevas tecnologías como la IA abre nuevos retos de privacidad para los ciudadanos. Por tanto, hace falta revisar la regulación para asegurar que se protegen sus derechos y se realiza un uso responsable. “Las tecnologías avanzan a gran velocidad, y las administraciones tienen que vigilar continuamente el equilibrio entre oportunidades y riesgos para la sociedad”, concluyen.