El reconocimiento facial en lugares públicos, principal debate para la pronta llegada de la ley europea de IA

A pocos días de la celebración de elecciones generales, y coincidiendo con la recién estrenada presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha repasado los principales hitos de esta legislatura en materia de evolución tecnológica de la Administración General del Estado (AGE) y de su interlocución con la ciudadanía y ha analizado el estado de la normativa sobre inteligencia artificial (IA) comunitaria. Y ha dicho que, independientemente del resultado de los próximos comicios, y de que siga ella al frente de la Secretaría o no, “el impulso reformista de este Ejecutivo no puede parar […] Hemos hecho un compromiso de país y no de Gobierno”. Aunque, ha matizado: “Si hay algo que genera consenso en todas las formaciones políticas es la importancia de lo digital”. En este sentido, ha puesto como ejemplo la aprobación de la Ley de Startups, con una clara mayoría en el Congreso de los Diputados”.

Sobre la próxima aprobación del Reglamento de IA, más conocido como AI Act, ha manifestado su deseo de que llegue “cuanto antes”, y no solo por la citada coincidencia de la presidencia local en Europa, sino porque “cada vez que Bruselas regula crea un estándar moral para todo el mundo” -en las últimas horas ha trascendido cómo un grupo de funcionarios de la UE se encuentra en conversaciones con países asiáticos para exportar el documento-. No obstante, ha admitido que hay varios puntos de debate conflictivos que pueden hacer que su aterrizaje “lleve más tiempo”. El principal, que el Parlamento Europeo (PE) quiere prohibir rotundamente la identificación facial y biométrica en espacios públicos, mientras que la Comisión Europea (CE) quiere aplicarla en ciertos casos concernientes a la seguridad nacional.

Esa no es la única disquisición que se exammina en estos momentos, porque hay usos que conllevan riesgos.  En cualquier caso, ha indicado Artigas, “no regulamos sobre tecnologías sino sobre su utilización”. Otro punto de interés es la gobernanza de estas herramientas. España ya ha desarrollado una Agencia Nacional y, a nivel europeo, de momento no se plantea más que una oficina de coordinación de todas las agencias locales. Además, ha hablado de dos iniciativas más: la elaboración de un código de conducta en IA y un pacto para que, sobre todo, las grandes tecnológicas empiecen a cumplir con la ley una vez se haya aprobado y no tengan dos años de moratoria.

Esfuerzos en la AGE

Durante su comparecencia ante la prensa, Artigas ha destacado varios de los puntos clave de lo que ha caracterizado la digitalización de la Administración Pública durante estos últimos años y hasta 2025, con más de 3.000 millones de euros de inversión.  Ha explicado la intención de acercarla al ciudadano con una App Factory y la reciente Mi Carpeta Ciudadana, un repositorio para que el ciudadano lleve su relación con el sector público en el bolsillo de forma integral. Esta cuenta ya con millón y medio de descargas, dos millones de usuarios y la directiva la ha calificado de “punto de empoderamiento del ciudadano, que tiene a su disposición sus datos independientemente de con qué administración interactúe”. Y, es que, en una de sus mejoras, la aplicación pasará a suministrar la historia clínica digital. En todo este ecosistema, “multiplicamos por tres la capacidad de atención”.

Asimismo, ha puesto el acento en evitar las brechas en la sociedad, como la de edad, y para ello pone a su disposición el teléfono 060 con un reconocimiento de voz para derivar a estas personas directamente a un agente humano y personal.

Por último, ha incidido en otros servicios como el puesto de trabajo inteligente para el funcionario, estrategia de nube de la AGE, que supondrá un ahorro de más de 10.000 toneladas de CO2 y un 45% en energía, y la ciberseguridad, que, con el SOC de la AGE ha evitado 2.000 incidentes en 2023 y cubre más de 7.700 puestos de trabajo y 5.000 servidores.