Inteligencia artificial
IA
IA generativa
Especial IA ComputerWorld 2023

La sociedad toma conciencia del potencial (y riesgo) de una inteligencia artificial cada vez más omnipresente

Los avances que se están produciendo en materia de inteligencia artificial son claves para el progreso de la humanidad en muchos campos, pero legislar acertadamente su desarrollo, comercialización y uso, sin frenar la innovación, es un imperativo global.

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Créditos: Amanda Dalbjorn (Unsplash).

Este 2023 está siendo, sin duda, el año de la inteligencia artificial. Los medios de comunicación lo sabemos bien: todo lo que se titula con esta tecnología genera interés... y audiencia. Aunque no es nueva, ni mucho menos —nació en los años 50 del pasado siglo y ha ido proliferando en los últimos 15 años gracias a una mayor capacidad de computación, conectividad y análisis de datos— la inteligencia artificial ha calado de forma masiva en la conciencia de la sociedad —que por fin sabe que existe y el poder que tiene— en forma de IA generativa, uno de sus sabores, la rama que se ocupa de la creación de textos e imágenes originales a partir de datos existentes y que han puesto en escena compañías como OpenAI, creadora de la omnipresente plataforma ChatGPT, o Google, con su propuesta Bard, entre otras. 

Pero la inteligencia artificial, en su sentido más amplio, es mucho más —se encuentra en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial, como recuerdan las expertas de primer nivel consultadas para uno de los reportajes del Especial IA 2023— y afecta a todos los sectores productivos y múltiples actividades que impactan claramente en la sociedad, desde la mejora de los servicios públicos, a la gestión de la movilidad, la energía o el medioambiente a la optimización de los procesos industriales. “No podremos tener una medicina de precisión, un transporte eficiente, energías renovables o modelos precisos del clima sin la ayuda de la IA”, recalca la experta Nuria Oliver, en el citado reportaje. 

El interés que suscita la IA en general se está ya traduciendo en inversiones tecnológicas concretas en esta materia en todos los países desarrollados del mundo. En España, IDC afirma, de hecho, que se está produciendo toda una "explosión" en torno a esta tecnología, que experimenta un crecimiento total que supera el 30% respecto a 2022 y con incrementos de más de un 25% de media en todas las industrias, con casos de uso como sistemas de inteligencia y prevención de amenazas, recomendaciones y aumento del proceso de ventas, análisis e investigación de fraudes, agentes de atención al cliente mejorados o la optimización de las TI.

La propia IA generativa también está absorbiendo fuertes inversiones, según la firma de análisis, que señala que el 55% de las organizaciones europeas ya está explorando posibles casos de uso —dirigidos, especialmente, a la mejora de la gestión del conocimiento, al marketing conversacional y a la generación de código— y el 21% de ellas tiene previsto invertir en el segundo semestre del año en este tipo de tecnología.  

Pero, como con cualquier tecnología, el uso de la inteligencia artificial no está exento de riesgos, unos derivados de los sesgos que se producen en el desarrollo de la misma (algunos intencionados y otros no, que replican las injusticias y estereotipos sociales que padecemos en todo el planeta) y otros fruto del pernicioso uso que algunos poderosos pueden realizar de ésta y que pueden llegar a atentar contra los derechos humanos más esenciales. Por este motivo es tan importante regular la inteligencia artificial, un asunto en el que está trabajando con especial ahínco la UE, un estandarte legislativo global, y en cuyo seno ya se está tramitando ya la futura normativa sobre el uso de esta tecnología, que se convertirá, posiblemente a finales de este año y bajo la presidencia española del Consejo de la UE, en la primera ley integral sobre IA del mundo

España, de hecho, en línea con la estrategia de Bruselas y gracias a un acertado movimiento del actual Ejecutivo, tendrá la primera Agencia Nacional de Supervisión de IA (AESIA) de Europa, encargada de supervisar la puesta en marcha, uso o comercialización de sistemas que incluyan inteligencia artificial y, especialmente, aquellos que puedan suponer riesgos significativos para la salud, seguridad y los derechos fundamentales. Un paso importante para controlar una tecnología tan necesaria como peligrosa para el progreso de la humanidad si no se garantiza un desarrollo, comercialización y uso éticos de la misma. 



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