El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de LSSI
Esta mañana, tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) la primera ley que regulará, si el Congreso (el último paso que queda para su aprobación definitiva) le da su visto bueno, la actividad económica en el mundo digital.
Una regulación “necesaria”
En este sentido, el documento, elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Economía, el de Justicia y Sanidad y Consumo, pretende regular los contratos de compra y venta que se lleven a cabo a través de los medios electrónicos, “no sólo Internet –ha puntualizado Birulés- sino a través de cualquier tecnología como el teléfono móvil, la televisión digital, el satélite y el cable”. El proyecto de ley establece de este modo que la contratación electrónica tiene el mismo valor legal que la contratación en el mundo físico. Asimismo, contempla que la prestación de los servicios a través de estos medios electrónicos no está sujeta a autorización previa, aunque “tendrán que seguir los mismos requerimientos que se les exige a las empresas en el mundo físico”. Además, los proveedores de servicios establecidos en España o en cualquier país de la UE o en un país ajeno a la Unión pero que dirija sus servicios a territorio español, sin prejuicio de lo establecido en tratados internacionales, deberán atenerse a una serie de responsabilidades establecidas en este anteproyecto. Unas responsabilidades mínimas, según la Ministra, pues “no tendrán la obligación de revisar los datos que transmitan o almacenen pero sí deberán colaborar a las actividades cuando éstas lo requieran. Fomenta la autorregulación en el sector mediante códigos de conducta es uno de los aspectos del proyecto”. Eso sí, el texto contempla la imposición de sanciones, que variarán en función de la reincidencia de la empresa que las cometa y de su volumen.
Por otra parte, el proyecto de LSSI también regula el spam (correo electrónico comercial no solicitado que se envía a los usuarios sin su consentimiento de forma masiva), que queda prohibido. Una iniciativa que, según Birulés, “ha sido seguida por la propia Unión, cuya Comisión ha tomado la misma determinación frente al spam, cambiando de opinión”. Y es que, según la Ministra, esta actividad ha disminuido desde que se anunció la llegada de la ley y su prohibición del spam.
La polémica: ¿libertad de expresión asegurada?
La posibilidad de que las autoridades administrativas pudieran llegar a cerrar los medios que consideraran peligrosos, sin autorización judicial, presente en las anteriores versiones de este anteproyecto, ha sido uno de los aspectos que más protestas ha generado por parte del colectivo internauta, que temía que la libertad de expresión en la Red española pudiera ser violada. Sin embargo, Birulés ha señalado hoy que en la última versión del anteproyecto (la cuarta), que veremos entre hoy y mañana en la web del Ministerio de Ciencia y Tecnología, “la libertad de expresión es un derecho claramente reconocido y protegido al igual que los demás derechos fundamentales”. Asimismo, la Ministra ha asegurado que en el caso de que alguien deba decidir sobre el cierre de una publicación en Internet, lo hará una autoridad judicial. “La ley no incorpora otro tipo de actuación que no esté en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, no se permitirán cosas como, por ejemplo, la venta de armas a través de Internet o de medicinas que no estén registradas por las autoridades competentes, al igual que no se permite tampoco en el mundo físico”.
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