La LSSI sigue cosechando críticas del sector de informática y Nuevas Tecnologías
El proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, continúa recolectando críticas.
Después de haberse mostrado en contra de muchos de sus aspectos grupos políticos como PSOE e IU, las Cámaras de Comercio y organizaciones como la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), esta vez han sido Asociación de Ingenieros en Informática (AI2) y la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI) las que han levantado la voz contra la ley que regulará la actividad comercial en Internet.
La agrupación que aúna a los ingenieros informáticos, la denominada AI2, ha expresado su disconformidad con la futura ley a través de un comunicado hecho público en su web y enviado a los medios en el que asegura que la aprobación definitiva de la LSSICE entraña seis riesgos que, según Ignacio Boixo, presidente de AI2 Madrid, “perjudicarán principalmente a las pymes, a las que deja fuera de Internet”. Estos riesgos son el perjuicio que pueden sufrir los prestadores de servicios de Internet sin ánimo de lucro, los costes que supone el registro público del nombre de dominio, las sanciones desproporcionadas que la ley establece contra el infractor, la modificación y terminación de los contratos electrónicos, el cierre administrativo de los sites, el hecho de que a lo largo de la ley se incluye texto sin contenido explicativo y, finalmente, la indefinición de la normativa técnica aplicable. Para Boixo, los más preocupantes son el que se considere a una página personal, sólo por el hecho de que tenga un banner, al igual que si fuera una empresa, así como la obligatoriedad de registrar los dominios de Internet y los costes que esto conlleva, “cuando ya existe un registro de dominios, el Who is, que es suficiente”. Asimismo, el presidente de AI2 Madrid, destaca como otro riesgo alto las multas impuestas en la ley a los infractores de la misma. “Estas multas son de la misma cuantía tanto si se aplican a una persona física o a una empresa multinacional y esto puede desalentar enormemente a las pymes”.
Por su parte, la ANEI, ha asegurado que considera “mejorables” las propuestas incluidas en el proyecto de ley, mostrando serias reservas en la redacción de temas como las comunicaciones de las empresas por correo electrónico sus clientes actuales o potenciales y la definición de los conceptos “autoridad competente” o “comunicación comercial”. Asimismo, los responsables de la asociación han manifestado que enviarán sus propuestas al respecto a la Administración y a los partidos políticos para que las estudien.
La agrupación que aúna a los ingenieros informáticos, la denominada AI2, ha expresado su disconformidad con la futura ley a través de un comunicado hecho público en su web y enviado a los medios en el que asegura que la aprobación definitiva de la LSSICE entraña seis riesgos que, según Ignacio Boixo, presidente de AI2 Madrid, “perjudicarán principalmente a las pymes, a las que deja fuera de Internet”. Estos riesgos son el perjuicio que pueden sufrir los prestadores de servicios de Internet sin ánimo de lucro, los costes que supone el registro público del nombre de dominio, las sanciones desproporcionadas que la ley establece contra el infractor, la modificación y terminación de los contratos electrónicos, el cierre administrativo de los sites, el hecho de que a lo largo de la ley se incluye texto sin contenido explicativo y, finalmente, la indefinición de la normativa técnica aplicable. Para Boixo, los más preocupantes son el que se considere a una página personal, sólo por el hecho de que tenga un banner, al igual que si fuera una empresa, así como la obligatoriedad de registrar los dominios de Internet y los costes que esto conlleva, “cuando ya existe un registro de dominios, el Who is, que es suficiente”. Asimismo, el presidente de AI2 Madrid, destaca como otro riesgo alto las multas impuestas en la ley a los infractores de la misma. “Estas multas son de la misma cuantía tanto si se aplican a una persona física o a una empresa multinacional y esto puede desalentar enormemente a las pymes”.
Por su parte, la ANEI, ha asegurado que considera “mejorables” las propuestas incluidas en el proyecto de ley, mostrando serias reservas en la redacción de temas como las comunicaciones de las empresas por correo electrónico sus clientes actuales o potenciales y la definición de los conceptos “autoridad competente” o “comunicación comercial”. Asimismo, los responsables de la asociación han manifestado que enviarán sus propuestas al respecto a la Administración y a los partidos políticos para que las estudien.
