El Gobierno podría provocar rebajas en las llamadas locales
Medidas para aumentar la competencia
El mercado de las telecomunicaciones español ha sufrido una metamorfosis profunda y brusca desde que el pasado 1 de diciembre de 1998 se produjera la liberalización del sector. Nuevas operadoras y una guerra abierta de precios son algunos de los síntomas de la confusión generada en el usuario, tanto empresarial como residencial. Ahora, la Administración ha querido jugar sus cartas, a través de los Ministerios de Economía y Fomento, y provocar una nueva bajada de tarifas en las llamadas telefónicas.
No obstante, precisamente lo que no ha sido una medida llevada a efecto es lo que más revuelo ha provocado en el sector. Se trata de la posibilidad de una reducción del precio de las llamadas locales por parte del operador dominante, con objeto de tener un efecto inmediato en el IPC. Telefónica, de postura enfrentada frontalmente con este planteamiento, perdería una de sus mayores fuentes de ingresos, aunque continúa manteniendo que sus tarifas están por debajo de los costes. Las decisiones que sí se han materializado en una actuación real son la portabilidad de número, la aceleración de la adjudicación de seis licencias de telefonía inalámbrica y la puesta en marcha de la preselección del operador.
Tres medidas
En el primero de los casos, la medida ofrece la oportunidad de mantener el número de teléfono cuando se cambia de operador móvil. En cuanto a las licencias de telefonía inalámbrica, la Administración aspira a un abaratamiento en el despliegue de las redes, puesto que al ser vía radio, no precisa de tendido de cables. Se espera que las seis licencias pendientes sean adjudicadas a finales de este mismo año.
Paralelamente, la tercera de las medidas obligaría a Telefónica a apresurarse a la hora de poner en funcionamiento la preselección del operador, es decir, la posibilidad de elegir una alternativa a Telefónica para las llamadas de larga distancia, sin que en esa operación sea necesario marcar un prefijo de operador. De hecho, Telefónica debería estar prestando ya este servicios, pero alega problemas técnicos para ello.
No obstante, precisamente lo que no ha sido una medida llevada a efecto es lo que más revuelo ha provocado en el sector. Se trata de la posibilidad de una reducción del precio de las llamadas locales por parte del operador dominante, con objeto de tener un efecto inmediato en el IPC. Telefónica, de postura enfrentada frontalmente con este planteamiento, perdería una de sus mayores fuentes de ingresos, aunque continúa manteniendo que sus tarifas están por debajo de los costes. Las decisiones que sí se han materializado en una actuación real son la portabilidad de número, la aceleración de la adjudicación de seis licencias de telefonía inalámbrica y la puesta en marcha de la preselección del operador.
Tres medidas
En el primero de los casos, la medida ofrece la oportunidad de mantener el número de teléfono cuando se cambia de operador móvil. En cuanto a las licencias de telefonía inalámbrica, la Administración aspira a un abaratamiento en el despliegue de las redes, puesto que al ser vía radio, no precisa de tendido de cables. Se espera que las seis licencias pendientes sean adjudicadas a finales de este mismo año.
Paralelamente, la tercera de las medidas obligaría a Telefónica a apresurarse a la hora de poner en funcionamiento la preselección del operador, es decir, la posibilidad de elegir una alternativa a Telefónica para las llamadas de larga distancia, sin que en esa operación sea necesario marcar un prefijo de operador. De hecho, Telefónica debería estar prestando ya este servicios, pero alega problemas técnicos para ello.
