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El Gobierno convoca ayudas para el despliegue del 5G rural por valor de 544 millones

El BOE recoge la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la convocatoria de ayudas para el despliegue del 5G en zonas rurales y municipios de menos de 10.000 habitantes enmarcadas en el programa UNICO 5G Redes Activas. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que capitanea la vicepresidenta primera Nadia Calviño ha sentado las bases de las ayudas, dotadas con un presupuesto de 544 millones de euros a cargo de los fondos europeos Next Generation, para financiar el equipamiento activo de la red.

Según fuentes institucionales, mediante esta subvención se contribuirá a “evitar una brecha territorial en la implantación de esta tecnología al favorecer su despliegue en municipios más pequeños". Las solicitudes podrán presentarse formalmente hasta el próximo 31 de octubre a las 13:00 horas, con lo que los interesados disponen de tan solo 15 días para postularse a la convocatoria para la prestación de servicios de 5G en municipios de la España rural.

 

“Con este programa pionero en Europa el Gobierno sigue impulsando el despliegue de esta tecnología que abre nuevas posibilidades para el desarrollo económico y social del país, ahondando en la estrategia de fomentar la cohesión territorial y generar oportunidades de calidad”

 

María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones

 

A fondo

Tal y como se ha especificado, las ayudas van dirigidas a los operadores que dan servicio de 5G para que puedan proveer de dicho equipamiento a municipios de menos de 10.000 habitantes en los que no existe cobertura móvil 4G de al menos 50 Mbps en sentido descendente y tampoco está previsto que se despliegue en los próximos tres años. De hecho, en las bases se detalla que estas subvenciones podrán destinarse a la provisión de equipamiento activo, pasivo y, además, a la infraestructura adicional necesaria para la prestación de servicios 5G Stand Alone (SA).

Cabe recordar que el término 5G SA se refiere al que ofrece todas las funcionalidades de la quinta generación de la tecnología móvil y está construido técnicamente sobre un nuevo núcleo de red independiente del de la tecnología 4G, además de sobre las frecuencias en bandas pioneras 5G.

Los 544 millones del programa se distribuirán por cada uno de los 50 lotes o zonas de concurrencia. La dotación máxima de las ayudas que puede recibir una operadora es del 90% para todas las zonas definidas. Sin embargo, en el caso de que en alguna de las zonas elegibles solo haya un proyecto que cumpla los requisitos "se le podrá otorgar hasta el 100% de la financiación disponible", mientras que si en una misma provincia más de un proyecto cumple las exigencias "la iniciativa mejor valorada podrá obtener como máximo una ayuda correspondiente al 75% de la cuantía máxima asignada a la zona de concurrencia".

"En el caso de que no se agote la totalidad de la cuantía máxima asignada a la zona de concurrencia, se continuará con los restantes proyectos siguiendo el orden de puntuación obtenida, hasta que se agote el presupuesto de la zona de concurrencia, siempre que dichos proyectos cumplan los requisitos establecidos", detalla el ministerio.

 

Huawei recurre la orden de bases de las ayudas

Huawei España ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que establece las bases para la concesión más de 500 millones de euros de ayudas para el desarrollo de las redes 5G en zonas rurales. En concreto, la cláusula impugnada se corresponde con el artículo 10.9 en la que se especifica que "los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España".

La multinacional de origen chino considera que “la misma contiene una provisión contraria al Derecho y es desproporcionada”. Para la compañía, “interfiere con la libertad de los operadores para elegir el mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad”. En su lugar, insisten, “busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios”.

A su entender, este planteamiento “reducirá la competencia, lo que provocará una distorsión del sector de las telecomunicaciones en España, obstaculizará la innovación y planteará grandes riesgos económicos y sociales”. Huawei Technologies no es la única compañía que ha recurrido a la Audiencia; según EFE, Vodafone también lo habría podido hacer.



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