La UE y EE.UU., en desacuerdo ante la transferencia de datos personales que afectarán al e-commerce
Tras la entrada en vigor, el pasado 25 de octubre, de la directiva europea de protección de datos dispuesta por la Unión Europea (UE) las transacciones comerciales a través de Internet encontrar obstáculos cuando se realicen entre países que sean divergentes en el tratamiento de los datos personales de sus ciudadanos.
De este modo, y a pesar de los intentos efectuados durante los últimos meses con objeto de aunar posiciones entre los diferentes estados europeos y, especialmente, con relación a Estados Unidos, la situación real actual aglutina diferentes niveles de protección obligatoria de datos personales que incapacita la libre fluidez de transacciones.
Tradicionalmente, la posición europea ha sido potenciar la mayor protección y confidencialidad de los datos de los usuarios, frente a Estados Unidos cuya actitud siempre ha tendido hacia la transparencia frente al "blindaje" de los datos personales. La aplicabilidad de esta directiva prohibe a los cinco países miembros (Grecia, Portugal, Suecia, Reino Unido e Italia, las transferencias de datos personales a un tercer país cuando "éste no garantice un nivel de protección adecuado". En el caso de España, uno de los países en los que aún no ha entrado en vigor esta directiva europea, es posible recurrir dicha ley ante los tribunales nacionales o, en su caso, exigir la reparación correspondiente por daños producidos mediante el uso fraudulento de sus datos.
Las condiciones mínimas de protección que insta a cumplir la directiva van desde la necesidad de que el ciudadano sepa dónde y para qué está almacenada su información personal, tener acceso a ésta en todo momento y poder modificar los datos incorrectos, así como evitar su utilización ilegal para procedimientos de marketing o publicidad. Los datos personales incluyen diferentes niveles. Entre ellos destacan aquellos de máxima protección como todo lo relativo al origen racial, político, sexual o religioso, que tan sólo se archivarán en caso de que el ciudadano emita de forma explícita su consentimiento. La única excepción contemplada es la utilización para investigación científica o de interés público, caso en que también se pretende ofrecer protección.
El problema de la inexistencia de consenso en cuanto al nivel de protección de datos personales de los ciudadanos radica en que en las diferentes transacciones del comercio electrónico, que no conoce fronteras, resulta muy compleja este control. De esta manera, la directiva puede contemplarse como una protección casi imposible en determinados intercambios (por ejemplo, a través de Internet) o un freno para el emergente comercio electrónico a nivel mundial.
Unión Europea: europa.eu.int
