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El Estado destina 500 millones de euros a la SEPI para entrar en Telefónica

A la adquisición del 3,044% llevada a cabo la semana pasada por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez se sumaría una nueva operación para hacerse con un 7%.

María Jesús Montero Hacienda
María Jesús Montero, responsable de la cartera de Hacienda del Gobierno de España. Créditos: Moncloa.

Con el punto y final de marzo llegaba también la irrupción del Estado en el capital de Telefónica. Entonces, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición del 3,044% de las acciones de la operadora, haciendo efectiva la autorización del Gobierno para penetrar en el emblema nacional de las telecomunicaciones.

El Estado logró entonces su objetivo gracias a los presupuestos de 2023, prorrogados durante el presente ejercicio. No obstante, tal y como han avanzado algunos medios de comunicación, la maniobra comenzó a orquestarse tiempo atrás, cuando el Ministerio de Hacienda capitaneado por María Jesús Montero inyectó 500 millones de euros a la SEPI a través de una aportación patrimonial. Así lo refleja un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En el capítulo 8 del documento, referente a los activos financieros, la cartera que lidera Montero detalla que parte del incremento de los pagos acumulados en este apartado se debe a “la aportación patrimonial a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 500.000 millones de euros”. Y aunque lo cierto es que el ministerio no especifica que el movimiento esté dirigido a financiar la operación de entrada en el accionariado de Telefónica, la cifra se sitúa cerca de los 700 millones de euros en los que se valoró el 3% de la operadora.

Desde que STC Group anunciara su desembarco en la compañía que preside José María Álvare-Pallete, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha el engranaje oportuno para convertirse en el máximo accionista de la operadora. Según rezaba el comunicado emitido por el holding público entonces, “la entrada de la SEPI, accionista con vocación de permanencia, proporcionará a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para la consecución de sus objetivos, contribuyendo a la salvaguarda de las capacidades estratégicas". Precisamente por este motivo todo apunta que en marzo volverá a reflejarse un traspaso de no menos de 200 millones de Hacienda a la SEPI -para cubrir la diferencia hasta los 700 millones en los que se valoraba el 3% de las acciones en el momento del anuncio-.

 

Alcanzar el horizonte estratégico del 10%

La intención del Gobierno pasa por alcanzar el horizonte estratégico del 10% cuanto antes. Una decisión tomada a finales del pasado diciembre que se complicó debido a la incapacidad del Ejecutivo de elaborar unas cuentas públicas para el año 2024 y la consiguiente imposibilidad de presupuestar la transferencia necesaria. Para abordar esta cuestión, el Ministerio de Hacienda echó mano de los fondos de los presupuestos de 2023, prorrogados en 2024. Con ellos, tal y como confirmó Hacienda la semana pasada, se sufragó esta primera adquisición del 3%. Además, según avanzaron fuentes ministeriales, se seguirá la misma fórmula para completar la operación y alcanzar la meta del 10% “en el corto plazo”.

Teniendo esto en consideración todo apunta a que, en los próximos presupuestos de gastos del Estado, se siga cebando esta partida para sufragar la adquisición completa, que se estima en unos 2.100 millones de euros. De lograrlo finalmente, el Estado se convertiría en el principal accionista de la organización, por delante de los saudíes, que buscan alcanzar el 9,9%.



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