El Gobierno llama a la colaboración para aportar ideas en materia de regulación de la IA

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que capitanea la vicepresidenta primera Nadia Calviño ha abierto un pre-registro para que entidades y expertos en inteligencia artificial (IA) puedan participar en el sandbox regulatorio de la misma. De esta forma podrán ser partícipes del citado entorno de pruebas y aportar sus ideas de cara a la creación del futuro reglamento de IA en clave nacional.

El citado sandbox se yergue como un espacio de experimentación para promover la innovación en materia de IA dentro de un entorno seguro con el fin de evitar ciberataques y daños de otro calibre. Su objetivo principal radica en acercar a las autoridades competentes a las empresas desarrolladoras de IA para, de forma conjunta, implementar una regulación y establecer las directrices de buenas prácticas y guías de uso para las organizaciones, principalmente pymes y startups.

Definir y establecer una normativa de IA no es solo una prioridad para España, sino también para Europa, que también trabaja en una normativa que, según el Ejecutivo, esperan se pueda materializar durante la actual presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Son muchos los riesgos y desafíos que esta tecnología emergente plantea sobre la mesa, por lo que las necesidades de regulación se han vuelto cada vez más apremiantes.

La sociedad civil habla

La Coalición IA Ciudadana, integrada por 123 organizaciones de la sociedad civil, ha instado al Gobierno a que no permita que las grandes empresas tecnológicas manipulen la regulación del uso de la IA. El pasado mes de mayo ya envió una carta a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea advirtiendo de que los sistemas de IA conducen a "prácticas peligrosas", como la vigilancia masiva de la población, que además de amplificar las desigualdades sociales, "pone en grave peligro nuestros derechos fundamentales y los procesos y valores democráticos".

Ahora, siguiendo el mismo hilo, la coalición ha pedido expresamente a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se aseguren de que la nueva regulación impida que los sistemas de IA queden en manos de las empresas que la desarrollan. La misiva reclama la prohibición de tecnologías peligrosas que puedan amplificar la pobreza, el racismo y la discriminación, e insiste en que es necesario hacer un estudio de impacto sobre los derechos fundamentales que pueden verse afectados por estas tecnologías para "evaluar y mitigar riesgos".

Asimismo, para estas organizaciones sociales es necesario prohibir las tecnologías de reconocimiento biométrico que permiten el reconocimiento facial, de emociones y del lenguaje corporal en los espacios públicos, tanto en tiempo real como posteriormente, porque "atentan contra el derecho a la intimidad, la privacidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho a la protesta".

"El Gobierno español se comprometió a impulsar una transformación digital bajo el paraguas del humanismo digital, pero ahora ha llegado el momento de aterrizar ese concepto en unas disposiciones legales específicas que protejan los derechos y libertades amenazadas de la ciudadanía", concluye Anabel Arias, responsable de derechos digitales de CECU y portavoz de la coalición.