La industria tecnológica se alza en pie de guerra por la postura del Gobierno ante la directiva de copyright

Los máximos responsables de AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales), iCmedia, ASGECO Confederación y la Asociación Española de Startups –Pedro Mier, José Luis Colás, José Carrero y Carmen Bermejo, respectivamente–, han manifestado a través de un comunicado su “profunda preocupación por la posición oficial de España en el proceso de discusión y negociación de la Directiva europea de Copyright”. En concreto, señalan que la propuesta española del artículo 13 de la propuesta de Directiva “restringe el acceso a la libre expresión, impacta en derechos fundamentales en Internet y amenaza a la innovación y la creación de empleo en la economía digital”.

Una amenaza para el ecosistema de Internet

Los responsables de las cuatro organizaciones entienden que la actual redacción del artículo 13 de la citada Directiva supone una amenaza para el ecosistema de Internet, el desarrollo de la economía digital y la creación de riqueza y empleo en España, especialmente al reinterpretar el concepto de “comunicación pública” afirmando que todo proveedor, plataforma o sitio online lo realiza ante contenido subido por sus usuarios.

Esta no es la primera vez que la industria y algunas asociaciones de usuarios han alarmado sobre este tema; ya lo hicieron cuando se presentó el borrador de la Directiva de Derechos de Autor en 2016, al advertir del riesgo de socavar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de alojamiento.

El artículo 13, de aprobarse en su actual redacción, obligaría a estos proveedores –ya sean de almacenamiento, sitios de comerciantes, redes sociales o plataformas de vídeo generado por usuarios– a monitorizar y filtrar activamente los contenidos compartidos por usuarios, con fuertes obligaciones para la detección y eliminación de contenidos que puedan estar protegidos por derechos de autor.

Por ello, los portavoces de las cuatro entidades afirman que esta propuesta altera el régimen de responsabilidad establecido para los proveedores de servicios de la sociedad de la información establecido en la Directiva europea de Comercio Electrónico en la UE y en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en España. Por último, añaden que les preocupa que “la defensa de un derecho de propiedad intelectual exija más garantías que otros como la intimidad, el honor o la defensa de los menores” y recuerdan que este régimen de responsabilidad ha demostrado ser fundamental para el desarrollo de Internet en España y Europa. “Gracias a este régimen –subrayan- Internet ha roto barreras económicas, geográficas y sociales, globalizando la innovación y el acceso a la información y a los servicios a través de una infinidad de plataformas que actúan como intermediarios tecnológicos entre usuarios que ofertan y usuarios que demandan contenidos, productos o servicios de todo tipo”.

Posicionamiento ante el derecho de autor

Las cuatro entidades alertan por tanto de que el control sobre la legalidad de los contenidos no puede ser sometido o juzgado de forma previa por una autoridad, un algoritmo o una herramienta tecnológica de filtrado, pues corresponde tan sólo los tribunales aplicar la ley civil o penal en cada caso; recuerdan que los responsables de actos como plagio o piratería son los autores de tal acto, y no se puede considerar a un servicio de Internet como si fuera un cómplice o cooperador necesario; y, finalmente, solicitan al Gobierno de España que defienda el actual régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de alojamiento, ya que ha demostrado ser totalmente compatible con la implementación de una protección efectiva de los derechos de autor.