ChipGate | Noticias | 05 NOV 2013

AMETIC se opone a la tasa que la Generalitat quiere imponer a las operadoras

La medida estudia la implantación del pago de un canon por parte de las compañías que ofrecen ADSL, para ayudar a la producción de cine catalán.
Jornada Ametic
ComputerWorld

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) ha anunciado que está en contra frontalmente de la medida anunciada por el departamento de Cultura de la Generalitat, que contempla la aplicación del pago de una tasa que repercutiría en las operadoras de servicios de conexión, con la medida se pretende ayudar a producir cine en Cataluña, según ha anunciado el conseller Ferran Mascarell.
Este canon, denominado de conexión y que podría presentarse antes de acabar el año, es rechazado por los operadores de telecomunicaciones de forma unánime y contundente al tratarse de una propuesta unilateralmente planteada a las compañías y sobre la que no ha existido negociación alguna, según explican desde la asociación.
La medida supondría, si se llegara a hacer, un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos. Destaca de entre estas tasas u obligaciones las necesarias para financiar RTVE, el 0,9% de los ingresos y 1,5% de los ingresos audiovisuales de los operadores de acceso condicional, impuesta por la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Español; y el 5% de los ingresos audiovisuales incluidos en la Ley General Audiovisual dedicada a financiar las producciones audiovisuales europea y española, que entendemos viene a cubrir lo que ahora pretende imponer la Generalitat; sostienen desde AMETIC.
Las compañías consideran que todos los esfuerzos deben concentrarse ahora en las importantes inversiones a las que están haciendo frente para desplegar las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad, unas infraestructuras imprescindibles para contribuir a que España forme parte del nuevo ecosistema digital, y para el desarrollo de servicios que puedan prestarse a través de estas redes.
Además, desde la asociación sostienen que en caso de ser aprobada la medida las empresas afectadas iniciarán acciones legales tendentes a su anulación, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.



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