España y el Efecto 2000: de tú a tú
Las conclusiones de la Oficina de Transición al 2000 se conocerán a partir de abril del próximo año
El ritmo de los trabajos de adaptación al Efecto 2000 en la Administración General del Estado ha sido definido por el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, de “progresa adecuadamente”. Lo cierto es que durante el último año se han hecho muchas cosas. El Consejo de Ministros adoptó la decisión hace unas semanas de crear la Oficina de Transición al Año 2000, encargada de evaluar la marcha de esta adaptación, así como de coordinar las actuaciones contra este riesgo y determinar los planes a seguir; además, el 85% de la Administración del país ya está preparada. Asimismo, SEDISI ha dado a conocer el último estudio sobre la situación de las empresas españolas ante este problema, y las cosas no parecen ir mal. ¿Cuál es la situación actual del país con respecto a este serio problema? Dentro de las conclusiones del estudio de SEDISI, su presidente José María Vilá destacó que “ha habido un avance muy importante en el primer semestre del año, sobre todo si comparamos España con otros países del entorno, ya que nos encontramos en tercera posición, detrás tan sólo del Reino Unido y Holanda”. Este avance de las empresas es necesario, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las expectativas de la Administración era coordinar los esfuerzos de adaptación con el sector privado. Inicio de la adaptación Fue el 12 de junio de 1998 cuando el Consejo de Ministros adoptó la primera medida considerablemente importante con respecto al Efecto 2000, y en donde la colaboración entre el sector público y el sector privado era fundamental: se aprobó la adopción de medidas destinadas a impulsar el proceso de adaptación al año 2000 de las distintas organizaciones que integran la Administración General del Estado, así como a estimular la adopción de medidas semejantes por el resto de españoles mediante esta colaboración. Desde aquí, se decidió que el Consejo Superior de Informática (órgano encargado de la preparación, elaboración, desarrollo y aplicación de la política informática del Gobierno) pudiera ampliar el ámbito de su programa marco para incluir actuaciones de interés general beneficiosas no sólo para las Administraciones, sino también para el sector privado. Esta adaptación protagonizada por ambos sectores estipuló tres fechas límite para la finalización de las fases de adaptación: 31 de julio de 1998 (fin del análisis de impacto); 31 de marzo de 1999 (término de la conversión) y 30 de junio de 1999 (finalización de las pruebas). Precisamente después de la conclusión de la última fase se puso en marcha la Oficina de Transición al año 2000. Además, se estableció la necesidad de cooperación con las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, así como la coordinación con las entidades europeas. Comisión constituida Tres meses después de este Consejo de Ministros se constituyó la Comisión Nacional para el Efecto 2000, en la cual están representados la Administración, los organismos empresariales y los consumidores, contando con el apoyo técnico del Consejo Superior de Informática. Esta Comisión pretendía supervisar las actividades del sector privado, la concienciación, sensibilización y apoyo a los distintos agentes interventores a la hora de abordar este problema, así como informar a la Unión Europea y a los distintos organismos internacionales de la marcha de estos trabajos. Una de las primeras acciones realizadas por esta Secretaría mencionada fue un Plan de Sensibilización, y se destacó la supervisión que estaba llevando a cabo el Consejo de Seguridad Nuclear sobre las actuaciones en las centrales nucleares, así como los trabajos realizados por la Comisión de Cooperación de Consumo para garantizar los derechos de los consumidores en relación con el Efecto 2000. Para conseguir la comunicación con las Comunidades Autónomas, organismos privados y Administraciones Locales se estipuló la presencia de representantes de 14 Comunidades (a excepción de Euskadi, Extremadura y Castilla-La Mancha) y organismos como las Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ANIEL o el Consejo de Consumidores y Usuarios. Inversión de 30.000 millones El trabajo de la citada Comisión se fue desarrollando, y los primeros resultados públicos los realizó Acebes hacia junio de 1999. Según el ministro, a fecha de 31 de marzo de 1999 el análisis de impacto en los sistemas informáticos de la Administración estaba concluido en el 96% de los Centros; el término de la conversión estaba estimado para el 31 de marzo de 1999, mismo día establecido para la comparación de la evolución del programa; respecto a esto, Acebes informó de que esta conversión estaba terminada en un 65,7% de los Centros. Además, a finales de agosto, el 85% de la Administración ya estaba adaptada al Efecto 2000, situándose actualmente el coste total de esta inversión en la adaptación en alrededor de 30.000 millones. El siguiente anuncio, ante la disminución de las consecuencias informáticas del problema del 2000 pero no su total disolución, fue la creación de la Oficina de Transición para el Efecto 2000, cuyo coste y funcionamiento, a pesar de los millones barajados, no supondrá incremento del gasto público. Antes de la publicación de este Real Decreto, Acebes confirmó la creación, en el mes de abril, de comités de emergencia en nueve ministerios (Fomento; Medio Ambiente; Industria y Energía; Sanidad y Consumo; Interior; Presidencia; Agricultura, Pesca y Alimentación; Asuntos Exteriores y Administraciones Públicas) y en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para coordinar todas las actuaciones para evitar problemas informáticos el próximo 1 de enero en los servicios públicos esenciales, tales como carreteras, aeropuertos, confederaciones hidrográficas, sanidad, correos y telégrafos o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El 27 de agosto de 1999 el Consejo de Ministros decidía la creación de esta Oficina. Etapa de transición Adscrita al Ministerio de la Presidencia y con el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia Francisco Álvarez-Cascos como presidente, esta Oficina se creó ante las nuevas necesidades que han ido surgiendo respecto al Efecto 2000, coordinando así las acciones de la Administración General del Estado durante los períodos inmediatamente anterior y posterior al momento del tránsito. Esta Oficina tiene la naturaleza de órgano colegiado interministerial, constituida el 1 de octubre de 1999 y desarrollará sus funciones hasta el 31 de marzo del 2000, elaborándose posteriormente un informe de valoración de la forma en la que se haya llevado a cabo esta transición, formulando al Gobierno las recomendaciones que considere, en su momento, oportunas. Entre sus cometidos, destacan los siguientes: • Coordinar (y en su caso, establecer) directrices acerca de las actuaciones a realizar por los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos para la puesta en marcha de los planes de contingencia sobre medidas en relación con el Efecto 2000, para el supuesto de que se produzcan fallos por su causa. • Recabar información acerca de las previsiones efectuadas por otras Administraciones Públicas y empresas suministradoras de servicios esenciales para asegurar la continuidad en la prestación de éstos, así como formular recomendaciones técnicas y de carácter organizativo con el objeto de facilitar la acción coordinada de todas las entidades que puedan aportar su concurso para la resolución de los posibles incidentes generados por el Efecto 2000. • Coordinar las actuaciones a desarrollar por los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos en colaboración con otras Administraciones, instituciones, empresas y ciudadanos para dar solución a los incidentes provocados por el Efecto 2000. • Recoger, elaborar y difundir toda aquella información que se genere en España sobre el Efecto 2000, tanto del sector público como del privado, que pueda resultar de interés para mejorar el grado de adaptación y pre
