Administración

Se crea la Corte de Arbitraje de Madrid para el sector TIC

Aetic, AEC, Autelsi y la Federación de Asociaciones de Latinoamérica, el Caribe y España de Entidades de TI (Aleti) han firmado un acuerdo de colaboración con la Cámara de Madrid para constituir la sección de Consultoría y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la Corte de Arbitraje de Madrid para que las empresas TIC puedan resolver conflictos mercantiles mediante esta alternativa.

Esta Corte de Arbitraje de Madrid será la primera de España e Iberoamérica que dispondrá de una sección especializada en la resolución de conflictos mercantiles en el sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Con este convenio de colaboración, las empresas TIC que operan en España y en 18 países iberoamericanos podrán beneficiarse del arbitraje, uno de los instrumentos legislativos más utilizados por las empresas como mecanismo alternativo a la Administración de Justicia.

El conjunto de asociaciones que han suscrito el acuerdo conforman una visión global del sector y del mercado donde operan, ya que se encuentra representada la oferta por parte de Aetic, AEC, y Aleti, así como la demanda por Autelsi.Por ello, la Corte de Arbitraje de Madrid se constituye con vocación internacional para resolver conflictos de alto contenido tecnológico y para convertirse en referente mundial.

Para poder hacer uso de los servicios de la Corte de Arbitraje de Madrid, las empresas deben incluir en sus contratos el modelo de cláusula o convenio arbitral elaborado por la Corte de Arbitraje de Madrid para que, en el caso de que surjan controversias, quede asegurado el cumplimiento de la voluntad de las partes de recurrir al arbitraje de la Corte.

Hasta ahora, el modelo de la cláusula arbitral ha sido incorporado a miles de contratos en empresas de varios sectores. Con la firma de este convenio, se tratará de incluir a las empresas de consultoría y TIC, que al pertenecer a un sector con problemáticas propias.

Un aspecto decisivo del convenio se centra en que las asociaciones firmantes se comprometen a proponer a la Corte el nombramiento de peritos, árbitros de derecho y de equidad. Por su parte, la Corte de Arbitraje se compromete a crear una lista de peritos, árbitros de derecho y de equidad, garantizando su imparcialidad de nacionalidad española y países iberoamericanos.



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