Europa abraza la polémica nueva legislación de derechos de autor

El acuerdo político alcanzado entre las tres instituciones –y que deberán confirmar en las próximas semanas el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE– persigue adaptar las normas sobre derechos de autor al mundo actual; un ecosistema en el que los servicios de transmisión de música en tiempo real, las plataformas de vídeo a la carta, los agregadores de noticias y las plataformas de contenidos que alimentan los propios usuarios se han convertido en las principales puertas de acceso a las obras creativas y a los artículos de prensa.

“Disponer de normas modernas sobre derechos de autor para toda la UE es un logro importante que debería haberse conseguido hace tiempo. Las negociaciones han sido difíciles, pero lo que cuenta al final es que tenemos un resultado justo y equilibrado que se adapta a una Europa digital: las libertades y derechos de los que disfrutan los usuarios de internet hoy en día se verán reforzados, nuestros creadores serán mejor remunerados por su trabajo y la economía de internet tendrá unas normas más claras para funcionar y prosperar”. Así describía ayer Andrus Ansip, vicepresidente del Mercado Único Digital, el acuerdo alcanzado en el seno de la UE para renovar la legislación de copyright. Por su parte, Mariya Gabriel, comisaria de Economía Digital y Sociedad, apuntaba que “al proporcionar un marco jurídico más claro y adecuado para el mundo digital, reforzará los sectores cultural y creativo y aportará un valor añadido a los ciudadanos europeos”.

Tal y como explicaba Consuelo Álvarez, abogada de Monereo Meyer Abogados, en un artículo publicado recientemente en ComputerWorld, esta nueva Directiva propone, entre otras medidas, la introducción de límites y excepciones a los derechos de propiedad intelectual para la minería de textos y datos en el ámbito de la investigación científica, con motivo de autorizar el uso digital de obras y otras prestaciones con fines ilustrativos de enseñanza o con el fin de conservar el patrimonio cultural. “No obstante, todas estas medidas han quedado relegadas a un segundo plano, siendo los principales protagonistas, por la polémica que han causado los famosos artículos 11 y 13 de la propuesta de Directiva”.

¿Qué ocurre con los artículos más polémicos?

Como indica Álvarez, el artículo 11 de la propuesta de Directiva, sobre la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales, reconoce a las editoriales de publicaciones de prensa un nuevo derecho conexo de propiedad intelectual. De este modo, las editoriales de publicaciones disfrutarán de los derechos de reproducción y comunicación al público para el uso digital de sus publicaciones en prensa, pero como todos los derechos de autor con los límites y excepciones y sin afectar los derechos de los autores y de otros titulares de derechos. Los derechos tendrán una duración de veinte años desde la aparición en la publicación de prensa. “El artículo 11, al que se refieren como ‘Tasa Link’ o Canon AEDE, podría suponer que el uso online de recortes periodísticos requiera de licencia previa de la editorial de la publicación y el pago de una tasa. El artículo recuerda al artículo 32.2 de la Ley de propiedad intelectual española que terminó con la aplicación Google News”.

“Las opiniones más críticas –continúa la abogada– consideran que la disposición impedirá el uso de los hipervínculos, ya que para utilizar enlaces a artículos las páginas web suelen incluir recortes del contenido enlazado como parte del link. Además, lo consideran una limitación a la libertad de expresión y el acceso a la información. Incluso consideran que el sector editorial se verá afectado por desanimar a las startups relacionadas con la prensa o pequeñas editoriales, así como por fomentar los creadores de noticias falsas o propaganda que probablemente no requerirán de licencias”.

De hecho, desde Google apuntan que, según un estudio realizado por la propia compañía, el tráfico de las webs informativas se reduciría un 45% como consecuencia de la reforma de esta normativa.

Respecto al artículo 13, que regula el uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por usuarios (Facebook o Twitter sin ir más lejos), la disposición les obliga a adoptar las medidas necesarias para asegurar, en su caso, el correcto uso de sus obras o para impedir que estén disponibles en sus servicios. “Es decir, establece la obligación de pagar derechos o colaborar y llegar a acuerdos con los titulares de los mismos y de usar filtros de reconocimiento para controlar el contenido subido por los usuarios. Los proveedores tendrán que poner a disposición de los usuarios mecanismos de reclamación y recurso a los que puedan acceder en caso de litigio”.

Por ello, los detractores del artículo, afirma la abogada, consideran “un recorte de la libertad de expresión que un algoritmo controle de forma previa el contenido que sube un usuario y un obstáculo para la innovación digital. Asimismo, consideran que los algoritmos fallan con frecuencia y que no son capaces de detectar si el contenido es una parodia o si se da algún límite a los derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, no los infringe. Y esaltan los grandes costes de vigilancia que supondrán para las empresas”.

Una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE confirmen este acuerdo y se publique en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de 24 meses para incorporar las nuevas normas a su legislación nacional.

Desde la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se han apresurado a celebrar la aprobación de "un texto que, al trasponerlo a las legislaciones nacionales, permitirá establecer una remuneración proporcional en los derechos de autor en Internet, y que supone un apoyo decidido a la creación europea".