Inyección de 164 millones de euros para digitalizar la Justicia
Como parte de su nueva estrategia para modernizar la Justicia española, el Gobierno aprueba dos contratos para digitalizar las sedes judiciales y los sistemas de apoyo a juzgados y fiscalías.
El Gobierno ha anunciado una nueva estrategia para adaptar la Justicia a la era digital actual que conllevará la inversión de 164 millones de euros en tecnología. Dolores Delgado, ministra de Justicia, presentó el pasado viernes este plan (‘Estrategia para la Modernización de la Administración de Justicia’) después de que el Consejo de Ministros autorizara dos contratos con el fin de transformar digitalmente las sedes judiciales y sistemas de apoyo a juzgados y fiscalías.
La estrategia contempla “racionalizar el uso de las nuevas tecnologías y su adaptación a las necesidades reales de jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios judiciales”. El documento se ha elaborado después de que Sofía Duarte, directora general de Modernización de la Justicia desde que en junio del pasado año se creara esta entidad, visitara 30 oficinas judiciales para conocer de primera mano los problemas reales de estos cuerpos frente a las nuevas tecnologías.
No solo renovación de equipos
El plan incluye la renovación de los equipos –según Justicia, ya se han entregado más de 8.000 ordenadores y 2.600 tabletas–, la transformación digital de las salas de vistas para renovar sus sistemas de grabación y la implantación de sistemas de textualización de las declaraciones (que subtitulan las imágenes de forma automática).
Además, se introducirán nuevas aplicaciones que permitirán la anonimización automática de documentos judiciales electrónicos (para dar una mayor protección a los datos de carácter personal de los usuarios) o dispositivos de identificación biométrica.
Los ciudadanos, aseveran desde el Ministerio, cada vez podrán presentar más tipos de escritos a través de la Sede Judicial Electrónica. Además, se prevé crear un almacén electrónico judicial en la nube para los abogados y procuradores, operadores que, a través del Escritorio para Profesionales, podrán tener acceso remoto a los expedientes judiciales.
Nuevos contratos
Respecto a los nuevos contratos, el primero es un encargo a la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento, para el apoyo a la Justicia Electrónica, la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. El encargo extenderá su vigencia desde este año hasta 2022 y está valorado en casi 100 millones de euros.
El segundo, con un coste superior a los 64 millones, tendrá también una vigencia de hasta cinco años, y da continuidad operativa a los servicios de Justicia Digital, Fiscalía Digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
