Legislación
Transformación Digital

La ciudadanía española ya tiene una guía para habitar en el mundo digital

Con la adopción de la Carta de Derechos Digitales, el Gobierno español se compromete a seguir este marco de referencia creado por un grupo multidisciplinar de expertos para garantizar los derechos de los ciudadanos españoles en la nueva realidad digital.

presentación carta derechos digitales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el acto, junto a la vicepresidenta primera y tres ministras de su Gabinete.

La pseudonimidad y la protección de datos, el derecho a la herencia digital, a la libertad de expresión y de acceso a información veraz, a la desconexión digital, la protección de menores, la ciberseguridad, la educación digital, la accesibilidad y neutralidad de internet, el uso de mecanismos de localización o perfilado, el acceso a los archivos, el derecho de cada persona al control sobre su propia identidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, los derechos de la persona ante la inteligencia artificial y las neurotecnologías… todos estos son algunos de los derechos y libertades que recoge y adapta de otras legislaciones (sin ir más lejos, la Declaración de Derechos Humanos o la Constitución Española) la nueva Carta de Derechos Digitales que ayer presentaban Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Pero, ¿qué es esta Carta y qué validez legal tiene? Este documento, que ha sido elaborado por un grupo de expertos con perfil multidisciplinar y que recoge las aportaciones (ha habido 250) realizadas mediante dos consultas públicas, no tiene carácter normativo, pero nace como un marco de referencia, una especie de guía, para orientar futuros proyectos legislativos y el desarrollo de las políticas públicas en una sociedad, como la actual, cada vez más marcada por la tecnología y lo digital.

En realidad, el documento recoge el avance normativo que se ha producido en España al respecto en los últimos tiempos, del que son buenos ejemplos el título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Real Decreto-Ley de Trabajo a Distancia.

“La Carta de Derechos Digitales es uno de los compromisos más importantes del Gobierno de España; queremos estar a la vanguardia de Europa en el derecho de la ciudadanía en el ámbito digital, es una medida inédita a nivel internacional”, apuntaba el propio Sánchez en la presentación de la iniciativa, explicando que el documento “señala el camino por el que debemos transitar”, aquel que garantice una “digitalización humanista”. “No se trata de regular complicadas cuestiones tecnológicas sino de proteger los derechos de la ciudadanía y ensanchar otros”.

España no es, en todo caso, el único país que está adaptando su legislación y políticas al ámbito digital. Países como Portugal, Italia o Francia ya han lanzado iniciativas similares y en la UE se trabaja activamente en esta materia. Es más, en los últimos años se ha avanzado mucho en algunos aspectos como la protección de los datos personales con textos claves como el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GPDR). 

Como comentaba en una entrevista con ComputerWorld Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet y uno de los autores de esta guía, es deseable que, “más allá de la Carta, se pongan en marcha políticas e instrumentos que garanticen y refuercen los derechos fundamentales a través del uso que los ciudadanos hacemos de las nuevas tecnologías”. Para el experto, es clave que el usuario controle “quién, cómo y para qué se utilizan sus datos y los que los usan deben hacerlo con transparencia” y que se garantice de forma especial la seguridad y la libertad de expresión.

 


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