La Administración ante el desafío de poner el canal electrónico al mismo nivel que el presencial. El DNI-e y la nueva LAECSP trazan el mapa de la Administración Electrónica en España
Los pasos a dar para conseguir una verdadera e-Administración que permita una eficaz relación entre las AA.PP. y el ciudadano, la coordinación de las diferentes administraciones a través de las TIC y las repercusiones de la puesta en marcha del DNI electrónico fueron los principales temas debatidos en una mesa redonda celebrada recientemente por ComputerWorld y que contó con la participación de directivos del máximo nivel en el ámbito de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas, como Juan Miguel Márquez, director de Modernización Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP); Carlos Royo, inspector general CIS del Ministerio de Defensa; Domingo Laborda, director del Observatorio de Red.es; Santiago Segarra, director de Informática Tributaria de la Agencia Española de Administraciones Tributarias (AEAT); Josep Clotet, director de sistemas del Ayuntamiento de Lleida y coordinador de las comisiones Técnica y Política de Nuevas Tecnologías de la FEMP; y Antonio Francisco Pérez, director general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León; además de Jaime García, director de análisis de IDC España.
El debate comenzó buscando las claves para garantizar la eficiencia de los sistemas de Administración Electrónica y su uso por parte de los ciudadanos.
Las claves del éxito
Para Pérez Fernández, de la Junta de Castilla y León, facilitar estos servicios de e-Administración es la contribución más importante que puede hacer la Administración para abrir el camino hacia la sociedad del conocimiento. “La clave es ofrecer algo que interese a los ciudadanos y los servicios de Administración Electrónica interesan a los ciudadanos”, señaló el directivo, quien asimismo consideró que para conseguir que la e-Administración funcione, además de unas opciones interesantes, hay que ofrecer “seguridad, interacción entre administraciones y eficiencia”.
Para Pérez Fernández, un ejemplo de buen hacer en esta dirección sería el trabajo de la AEAT, “con la que el contribuyente puede interactuar incluso mediante SMS”. Santiago Segarra, responsable de la modernización de esta agencia, destacó la atención prestada a la infraestructura y los sistemas a la hora de acometer su proyecto de e-Administración: “Las casas hay que construirlas por los cimientos. La parte bonita se pone al final”, metaforizó Segarra, quien, asimismo, apuntó a la necesidad de lograr la “interoperablidad” entre las diferentes administraciones y que las soluciones que se desarrollen sean no solo válidas para la relación entre el ciudadano y una entidad concreta, sino también para otros actores y entidades.
Carlos Royo, del Ministerio de Defensa, señaló que aún está pendiente el cambio cultural que sitúe la e-Administración en el centro de la cultura corporativa de los organismos públicos y coincidió con otros de los contertulios en que los cambios normativos contribuirán a que se produzca. En cuanto a la clave para lograr su aceptación por parte de la ciudadanía, lo que se debe hacer es –al contrario que el lema que utilizan muchos organismos– “alejar la Administración del ciudadano”. “Me refiero –matizó el directivo–, a que el ciudadano no se tiene que preocupar de cómo funciona la Administración a través del canal electrónico. Tiene que ser algo tan sencillo como que, cuando abre la ducha, sale agua caliente”.
Derechos para el ciudadano, obligación para la Administración
Por su parte, Juan Miguel Márquez, del MAP, negó que hubiera una sola clave para garantizar el éxito de la Administración digital, pero destacó el papel que juega la regulación normativa, con documentos como la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), aprobada a mediados de junio. “El canal electrónico ya no es algo adicional, sino que está en el mismo corazón del diseño de los procedimientos de la Administración. Entonces, si este nuevo canal es tan válido y natural como los otros, es necesario reconocer por ley el derecho del ciudadano a acceder a través del mismo”. Este responsable añadió que, hasta ahora, España ha tenido muy buenos ejemplos. “Pero son eso: ejemplos. Con el nuevo enfoque ya no serán más experimentos sueltos, sino una obligación de todas y cada una de las administraciones; ya que reconocer el derecho del ciudadano significa obligación para los organismos públicos”.
Márquez se mostró reacio a definir una receta para garantizar el éxito de la Administración en su modernización: “La clave suele ser resolver el problema más importante que haya en cada momento, por lo que cambia constantemente”. En esto coincidió con Domingo Laborda, del Observatorio de Red.es, quien consideró que la búsqueda de una sola clave está en la raíz de muchos de los problemas que, históricamente, ha tenido la Administración en su modernización, centrando su atención, en cada momento, en un solo aspecto y obviando el resto. “Networking, bases de datos, backoffice, frontoffice, recursos materiales, nivel de conocimientos de los profesionales, renovación, comunicación con los ciudadanos, visión holística... todo esto forma un conjunto, una cadena de valor a la que queda inutilizada si se le quita un eslabón”, indicó.
Los retos de la Administración local
Josep Clotet, quien reparte su desempeño entre el Ayuntamiento de Lleida y la FEMP, puso de relieve el papel de la Administración local en la implantación de la e-Administración. “Ninguna política en este ámbito tendrá éxito sin tener en cuenta a las entidades locales, que son las que aportan capilaridad a la Administración, las que están cerca del ciudadano”, afirmó este directivo, quien puso de relieve la complejidad de nuestro país en este sentido: “Más del 50 de los trámites del ayuntamiento en que trabajo competen también a otras administraciones”.
Clotet señaló además que, al revés que la exitosa AEAT, que ofrece un número limitado de servicios de e-Administración a a una gran cantidad de personas, los ayuntamientos han de ofrecer muchos servicios a un número pequeño de ciudadanos: “Lleida, con 150.000 habitantes, tiene unos 300 trámites administrativos municipales”. El