Los nuevos retos de la Administración Electrónica
Un futuro tan necesario como obligatorio
Durante los últimos años Internet ha revolucionado completamente la economía y nos sorprendería volver a leer que en un año tan cercano como 1994 se comentaba en los foros de la red si se debía permitir utilizar Internet -entonces mayoritariamente de uso académico- fuera de los ámbitos científicos o universitarios.
Analizando la evolución y expansión de Internet en nuestro país se puede comprobar que mientras la mayoría de los sectores ha realizado ya su apuesta por Internet, la Adminsitración Pública parece ajena a aprovechar las ventajas de internet en sus tres niveles.Basta con contemplar las posibilidades que nos da el servidor web de las grandes empresas de este país con las que nos da el servidor de cualquier ministerio u organismo público -con algunas excepciones- para comprobar que la Administración aún no ha aprovechado las ventajas derivadas de la revolución digital. Pero las oportunidades son claras y todo apunta a que el Gobierno tal como lo conocemos está a las puertas de una transformación que lo cambiará por completo y que permitirá a los ciudadanos realizar las gestiones a cualquier hora del día y sobre todo ser extraordinariamente más eficiente. En definitiva, conseguir más a un coste mucho menor. Reafirmando eso último, cabría destacar el objetivo de la Unión Europea, ratificado en la Cumbre de Lisboa de marzo del presente año, que no es otro que conseguir que todas las relaciones entre los ciudadanos y la Administración puedan realizarse electrónicamente antes del año 2003.
Triple papel
El papel que deben de jugar las administraciones públicas ante esta nueva revolución digital es triple. En primer lugar deben crear el marco normativo para que puedan desarrollarse las nuevas tecnologías y se utilicen sin problemas legales. En este primer camino la Administración española ha cumplido muy bien los deberes y ha aprobado una ley de firma digital de las más avanzadas del mundo, al mismo tiempo que ha liberalizado convenientemente y con diligencia las telecomunicaciones, aunque el último tramo falta aún por recorrer.
El segundo papel que debe desempeñar es el de catalizador de proyectos de innovación tecnológica para demostrar a la sociedad que es perfectamente posible utilizar Internet para pagar los impuestos, por ejemplo, o solicitar una matrícula universitaria. En este papel destacan algunos departamentos de la Administración como la Agencia Tributaria, merecedora del prestigioso premio WITSA a la innovación tecnológica; aún así queda patente que el papel de catalizador de proyectos innovadores lo está cumpliendo más la banca que la Administración.
El tercer papel, y quizás el más crítico es aquel que implica la existencia por parte de la Administración de un plan dirigido acerca del impacto de las Tecnologías de la Información. En el caso de la administración española se presentó la iniciativa Info XXI por el Presidente del Gobierno el pasado 28 de diciembre pero no parece que implique -al menos por el momento- una estrategia ambiciosa acompañada de un presupuesto para desarrollarla. La creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología todavía no ha despejado las dudas sobre la continuidad o no de INFO XXI como plan estratégico TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) del Gobierno, aunque todo apunta a que en los próximos meses va a ver un nuevo relanzamiento de dicha estrategia.
En cualquier caso la Administración española no debe ir a saltos como el comentado y no puede esperar meses o pararse durante un cambio político, sino que debe avanzar incluso a un ritmo lento por la senda de la modernización y de la utilización estratégica de las tecnologías de la información. No es cuestión de mirar hacia atrás pero si de reconocer que han existido errores graves en el tratamiento tanto a las TI como a los funcionarios que trabajan en las mismas por parte del Gobierno y de la Administración. La situación actual se caracteriza por un interés notable por parte de los políticos por demostrar que la Administración no ha perdido el tren de las nuevas tecnologías. A pesar de ello se debe enfrentar a una serie de problemas que afectan sobremanera a la calidad de sus recursos humanos.
Cabe destacar como especialmente preocupante los siguientes datos:
• Cada vez se producen más fugas desde los funcionarios de los Cuerpos especializados de la Administración en Tecnologías de la Información hacia el sector privado. Si se analizan las mismas se ve que en la mayor parte son funcionarios que lo fueron de nuevo ingreso durante los años noventa y que no han visto cubiertas sus aspiraciones de progresión en la Administración.
• Debido a que desde 1993 prácticamente no ha entrado personal especializado en TI en la Administración debido a presiones corporativista cada vez es más difícil cubrir los puestos vacantes del personal fugado con personal capacitado teniendo que recurrir a la contratación de personal externo, notoriamente más caro para la Administración.
• Contrariamente a lo que se piensa sobra personal en la mayoría de los departamentos informáticos de la Administración. Lo que falta es gente capacitada y es muy difícil atraerlos con el nivel de sueldos de la Administración y sobre todo con la nula carrera profesional que se puede ofrecer. Por el contrario, los centros informáticos cuentan con mucho personal obsoleto y con nulas o muy pocas capacidades aprovechables en el momento actual.
• La informática en la Administración está en un nivel muy bajo en las diversas organizaciones. No existe asesoría TIC directa a los altos cargos. Además, la utilización que se hace de las TIC en la Administración es meramente del día a día y no estratégica.
• Cada vez es más difícil gestionar las TIC en los diversos órganos superiores de la Administración. La situación actual se caracteriza por el querer hacer más con menos, pero sin contar con más recursos humanos o materiales. Además, se da la paradoja de que por bien que se haga no se espera que los funcionarios TIC tengan recompensa alguna ni económica ni de ningún tipo.
Desde el punto de vista de ASTIC habría que tomar medidas inmediatas en los siguientes sentidos:
• Incrementar el nivel de las TIC en los diversos ministerios y organismos del estado. No es posible utilizar las TIC de forma estratégica si los funcionarios encargados de la misma no tienen un nivel alto dentro de las organizaciones. Los directivos TIC deberían estar en un segundo nivel no en un tercero o cuarto como ocurre actualmente.
• Crear mecanismos innovadores que permitan una mayor agilidad en las contrataciones informáticas. Los actuales provocan un desfase de meses e incluso superior al año desde el momento que se inicia la tramitación hasta el momento que se termina la misma.
• Mejorar el nivel retributivo del personal TIC de la Administración y sobre todo realizar una política de personal más dinámica y no tan anquilosada. No existe nada más reñido con la nueva economía que el sistema de gestión de recursos humanos de la Administración.
• Coordinar mediante un órgano ejecutivo con rango al menos de Secretaría de Estado las TIC en la Administración y sobre todo evitar que existen desarrol
Analizando la evolución y expansión de Internet en nuestro país se puede comprobar que mientras la mayoría de los sectores ha realizado ya su apuesta por Internet, la Adminsitración Pública parece ajena a aprovechar las ventajas de internet en sus tres niveles.Basta con contemplar las posibilidades que nos da el servidor web de las grandes empresas de este país con las que nos da el servidor de cualquier ministerio u organismo público -con algunas excepciones- para comprobar que la Administración aún no ha aprovechado las ventajas derivadas de la revolución digital. Pero las oportunidades son claras y todo apunta a que el Gobierno tal como lo conocemos está a las puertas de una transformación que lo cambiará por completo y que permitirá a los ciudadanos realizar las gestiones a cualquier hora del día y sobre todo ser extraordinariamente más eficiente. En definitiva, conseguir más a un coste mucho menor. Reafirmando eso último, cabría destacar el objetivo de la Unión Europea, ratificado en la Cumbre de Lisboa de marzo del presente año, que no es otro que conseguir que todas las relaciones entre los ciudadanos y la Administración puedan realizarse electrónicamente antes del año 2003.
Triple papel
El papel que deben de jugar las administraciones públicas ante esta nueva revolución digital es triple. En primer lugar deben crear el marco normativo para que puedan desarrollarse las nuevas tecnologías y se utilicen sin problemas legales. En este primer camino la Administración española ha cumplido muy bien los deberes y ha aprobado una ley de firma digital de las más avanzadas del mundo, al mismo tiempo que ha liberalizado convenientemente y con diligencia las telecomunicaciones, aunque el último tramo falta aún por recorrer.
El segundo papel que debe desempeñar es el de catalizador de proyectos de innovación tecnológica para demostrar a la sociedad que es perfectamente posible utilizar Internet para pagar los impuestos, por ejemplo, o solicitar una matrícula universitaria. En este papel destacan algunos departamentos de la Administración como la Agencia Tributaria, merecedora del prestigioso premio WITSA a la innovación tecnológica; aún así queda patente que el papel de catalizador de proyectos innovadores lo está cumpliendo más la banca que la Administración.
El tercer papel, y quizás el más crítico es aquel que implica la existencia por parte de la Administración de un plan dirigido acerca del impacto de las Tecnologías de la Información. En el caso de la administración española se presentó la iniciativa Info XXI por el Presidente del Gobierno el pasado 28 de diciembre pero no parece que implique -al menos por el momento- una estrategia ambiciosa acompañada de un presupuesto para desarrollarla. La creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología todavía no ha despejado las dudas sobre la continuidad o no de INFO XXI como plan estratégico TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) del Gobierno, aunque todo apunta a que en los próximos meses va a ver un nuevo relanzamiento de dicha estrategia.
En cualquier caso la Administración española no debe ir a saltos como el comentado y no puede esperar meses o pararse durante un cambio político, sino que debe avanzar incluso a un ritmo lento por la senda de la modernización y de la utilización estratégica de las tecnologías de la información. No es cuestión de mirar hacia atrás pero si de reconocer que han existido errores graves en el tratamiento tanto a las TI como a los funcionarios que trabajan en las mismas por parte del Gobierno y de la Administración. La situación actual se caracteriza por un interés notable por parte de los políticos por demostrar que la Administración no ha perdido el tren de las nuevas tecnologías. A pesar de ello se debe enfrentar a una serie de problemas que afectan sobremanera a la calidad de sus recursos humanos.
Cabe destacar como especialmente preocupante los siguientes datos:
• Cada vez se producen más fugas desde los funcionarios de los Cuerpos especializados de la Administración en Tecnologías de la Información hacia el sector privado. Si se analizan las mismas se ve que en la mayor parte son funcionarios que lo fueron de nuevo ingreso durante los años noventa y que no han visto cubiertas sus aspiraciones de progresión en la Administración.
• Debido a que desde 1993 prácticamente no ha entrado personal especializado en TI en la Administración debido a presiones corporativista cada vez es más difícil cubrir los puestos vacantes del personal fugado con personal capacitado teniendo que recurrir a la contratación de personal externo, notoriamente más caro para la Administración.
• Contrariamente a lo que se piensa sobra personal en la mayoría de los departamentos informáticos de la Administración. Lo que falta es gente capacitada y es muy difícil atraerlos con el nivel de sueldos de la Administración y sobre todo con la nula carrera profesional que se puede ofrecer. Por el contrario, los centros informáticos cuentan con mucho personal obsoleto y con nulas o muy pocas capacidades aprovechables en el momento actual.
• La informática en la Administración está en un nivel muy bajo en las diversas organizaciones. No existe asesoría TIC directa a los altos cargos. Además, la utilización que se hace de las TIC en la Administración es meramente del día a día y no estratégica.
• Cada vez es más difícil gestionar las TIC en los diversos órganos superiores de la Administración. La situación actual se caracteriza por el querer hacer más con menos, pero sin contar con más recursos humanos o materiales. Además, se da la paradoja de que por bien que se haga no se espera que los funcionarios TIC tengan recompensa alguna ni económica ni de ningún tipo.
Desde el punto de vista de ASTIC habría que tomar medidas inmediatas en los siguientes sentidos:
• Incrementar el nivel de las TIC en los diversos ministerios y organismos del estado. No es posible utilizar las TIC de forma estratégica si los funcionarios encargados de la misma no tienen un nivel alto dentro de las organizaciones. Los directivos TIC deberían estar en un segundo nivel no en un tercero o cuarto como ocurre actualmente.
• Crear mecanismos innovadores que permitan una mayor agilidad en las contrataciones informáticas. Los actuales provocan un desfase de meses e incluso superior al año desde el momento que se inicia la tramitación hasta el momento que se termina la misma.
• Mejorar el nivel retributivo del personal TIC de la Administración y sobre todo realizar una política de personal más dinámica y no tan anquilosada. No existe nada más reñido con la nueva economía que el sistema de gestión de recursos humanos de la Administración.
• Coordinar mediante un órgano ejecutivo con rango al menos de Secretaría de Estado las TIC en la Administración y sobre todo evitar que existen desarrol
