Simona Levi: “Todos los problemas de Internet son de gobernanza”

Simona Levi cuenta con un largo historial en el activismo político. Tal es su influencia –se dice de ella que fue la artífice de la entrada en prisión de Rodrigo Rato– que en 2017 llegó al cuarto puesto de la lista de las 25 personas con más capacidades para cambiar el futuro de la revista Rolling Stone. “El problema es que el primero fue Elon Musk, así que no sé si alegrarme”, ríe durante la conversación con ComputerWorld, en la que apunta con bala a la clase política y a las estructuras de partidos. Desde hace tiempo, se encuentra sumergida en la actividad del Instituto para la Digitalización Democrática, Xnet, del que es fundadora; una  plataforma que lucha por los derechos digitales, de los datos, la inteligencia artificial (IA) y la neutralidad de la red, entre otros, y que llega constantemente a las altas instancias europeas y nacionales. Sin embargo, Levi también es reconocida por su faceta de dramaturga, “aunque lo he ido dejando porque el teatro ya no es un espacio de nuestro tiempo. A mí me interesa generar impacto, y ahora se hace en Internet”.

De su pelea actual, por una parte, dice, añora los tiempos en los que el dinero no ‘corría’ institucionalmente y el activismo digital lo hacían unos pocos. “Nadie nos hacía caso, pero podías estar segura de que los que nos ocupábamos de derechos digitales lo hacíamos porque nos lo creíamos”.  Por otra, es consciente de que ahora el tema llega a más instancias, aunque "debes hacerte camino entre una cacofonía de consensos que son líneas realmente muy flojas".

¿En qué batalla se encuentra ahora?

En Internet, como siempre, todo va bien aunque vaya mal. Quiero decir, que todos nuestros problemas son de gobernanza. Por ejemplo, el mundo se ocupa ahora de la inteligencia artificial (IA). La legislación propuesta no está mal, tiene sus defectos, pero mejora respecto a lo que estamos acostumbrados. La cuestión es cómo se aplican las leyes por parte de los poderes públicos. En Xnet defendemos que muchos problemas proceden de que la gobernanza depende de las estructuras de partidos, que son empresas endogámicas, y en los que premia más la obediencia que la competencia. Esto repercute luego en las instituciones que deben implementar estas políticas. La problemática que puede haber en materia de IA es similar, pero amplificada, a la que vemos en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, de sus siglas inglesas) que, a pesar de tener algunos huecos, protege los derechos y puede ser útil. Pero, han sido las propias administraciones las que lo han desvirtuado completamente, en algunos casos aplicándolo por exceso y llegando a una burocracia que dificulta los derechos o, por el contrario, implementándolo demasiado poco. Por ejemplo, no respetando los principios de minimización. Incluso, la propia legislación española no se ha adecuado del todo y para cualquier trámite nos sigue pidiendo demasiados datos. Esto es lo que  puede pasar con cosas más complejas como la IA, que es una herramienta que puede ser fantástica para mejorar la vida de todos. El peligro está en el poder que le da nuestra propia administración. Es muy tentador para el sector público ser más eficaz y, además, poder descargar responsabilidades. Si una decisión ya no la toman las personas, sino un algoritmo, se aplica un sesgo de autoridad que permite más opacidad y descarga la responsabilidad, dando una sensación de fasa eficacia.

De hecho, ha defendido en varias ocasiones que el principal abuso digital hacia el ciudadano procede del sector público.

Esto se puede verificar muy fácilmente. Las empresas se van adaptando a las políticas de cookies poniendo el botón de ‘aceptar’ y ‘rechazar’ al mismo nivel. En una gran parte de las organizaciones públicas todavía está ‘aceptar’ o ‘configurar’. Este es un pequeño ejemplo de cómo en realidad el abuso institucional digital pasa por la no implementación de la ley. 

En las últimas semanas Xnet ha presentado en el Parlamento Europeo (PE) un documento para alcanzar una digitalización soberana y que ponga al ser humano en el centro de las políticas. Unas premisas de las que también hablan en la Comisión Europea (CE) y en los gobiernos locales. ¿Qué diferencias hay en las propuestas?

La gran diferencia es que ahora hay una retórica política con una fachada muy progresista, y luego una actuación que lo es muy poco. Nosotros decimos una cosa tan simple como que hay que ocuparse de la digitalización cotidiana a la vez que de cosas muy futuristas como el 5G o la IA. Hay que preocuparse de qué navegador usa la gente o cómo es su comunicación a través de un correo centralizado, cuando esto es absurdo en la era de las redes. También de cómo generamos documentos en línea y los almacenamos en espacios no soberanos. Además, esto no solo afecta a los ciudadanos en su día a día, sino que nuestra administración, educación y sanidad están digitalizadas de este mismo modo. Una transformación que no se puede auditar es como tener un coche y no poder repararlo. El software libre nace porque Stallman quería arreglar una impresora y no le dejaban porque la posibilidad de abrirla se mantenía acotada.

El hecho de que se hable tanto hace que algunas legislaciones tengan más en cuenta los derechos digitales, y esto es lo que estamos ganando de esta retórica. Pero, en realidad, no se está digitalizando el día a día. Nosotros tenemos un proyecto para la educación a través de tecnologías soberanas y ágiles pero nos encontramos con un vacío institucional tremendo. La realidad es que la educación está siendo digitalizada por las instituciones, principalmente con Google y Microsoft. Si propones trabajar con una alternativa en código abierto, auditable, manejable y ágil por parte de las comunidades, la respuesta es, “vale, hazlo, tú eliges”. De esta manera descargan su responsabilidad. Evidentemente somos libres de hacerlo pero las instituciones están aquí para proveer a las escuelas de un techo, de servidores, infraestructuras digitales con garantía de derechos… En conclusión, hay una retórica muy libre que oculta, la mayoría de las veces, una incapacidad. Lo más impactante que estamos viendo sobre IA es que las personas que deben ocuparse de su implementación en la administración no saben de qué hablan, con conversaciones de bar y perogrulladas. Pero de esas personas dependen decisiones tan importantes como qué programa puede o no perfilarnos, darnos acceso a una plaza o excluirnos.

Un ámbito que denuncia la asociación es que esa digitalización del día a día está copada por solo un pequeño grupo de gigantes digitales.

Debo insistir en que todo es un problema de gobernanza. De lo mal que estamos siendo gobernados, por unos y otros. Ningún gobierno europeo supera el 50% de aplicación de la Directiva de 2014 que dice que las licitaciones públicas deben ir en bloques lo más pequeños posibles para que puedan participar las pymes. En el ámbito digital esto es crucial porque estamos desabasteciendo a la sociedad europea, en primer lugar, de datos, porque todos están en nubes extranjeras, y con lo cual ya no tenemos material para entrenar a la IA. Y, en segundo lugar, de talento. No permitimos a pequeños emprendedores y a personas locales trabajar porque solo ganan los concursos las grandes multinacionales. Estamos debilitando nuestro tejido de compañías digitales. Es decir, del futuro empresarial.

Por otra parte, nos hemos digitalizado permitiendo el dumping en los servicios públicos. Por ejemplo, las Big Tech ofrecen servicios gratuitos, y a ningún político se le ha ocurrido preguntarse por qué una empresa, que no es una ONG, abastece a millones de personas gratis. Con todo esto, les abrimos las puertas de nuestros servicios públicos. Una vez más, quienes vulneran el derecho al concurso público y a emprender, recogidos por la Carta de Derechos de la UE, son las instituciones. Además, estas mismas empresas son las invitadas como expertas a la hora de decidir las políticas. Son juez y parte. Yo no las culpo a ellas. Este es un error del activismo. Hacen su trabajo, que es ganar mercado. Si nuestros políticos las reciben con los brazos abiertos sin pedirles todos los requisitos que sí nos exigen a la sociedad global, se trata de un problema de aplicación de leyes, y no de estas compañías que hacen lo que tienen que hacer, forrarse.

Una de las políticas que más está intentando poner coto a las Big Tech, ya sea a través de sanciones o de investigaciones, es la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. ¿Qué opinión tiene de su actuación?

He tenido la oportunidad de reunirme con su gabinete, no con ella personalmente, y también con sus antecesores. Yo creo que está haciendo una política bastante buena, pero desgraciadamente no es suficiente. Tiene un punto de vista correcto, aunque el peso de las Big Tech en Europa sigue siendo importante. Podría ser más valiente pero es mejor que otras tendencias menos intervencionistas. Durante mucho tiempo se ha considerado que pedir desarrollos en código abierto vulneraba el derecho a la competencia, y esto ya la UE no lo piensa, aunque sí muchos gabinetes jurídicos de muchas instituciones. Estamos cambiando, pero deberíamos ir más rápido. Vamos tarde.

"Se está desabasteciendo a la sociedad europea de datos y talento"

Usted participó en la elaboración de la Carta de Derechos Digitales española. Sin embargo, tiempo después llegó a decir que “al final parece hecha más para mantener el status quo que no quiere ver cambios que para liderar un cambio real”.

Lo más inquietante fue que éramos 30 asesores de los que solo trabajamos unos 10, y algunos no comulgamos con el resultado. Y, esto, una vez más, es un problema de gobernanza, porque genera una actitud de cortesanía hacia el poder por parte de la sociedad civil que hace muy difícil preservar luchas fundamentales sin todo este humo de por medio.  Yo trabajé en la carta catalana y en la nacional. Hemos de tener claro que son solo cartas, no compromisos de políticas con hojas de ruta. Pero bueno, son declaraciones de intenciones y es mejor que las haya. En la carta española hay mucha puerta trasera, su redacción repite constantemente “según la legislación vigente”. Por eso digo que tranquiliza al status quo.

¿Cómo valora los esfuerzos del Ejecutivo en materia de transformación y derechos digitales?

Este Gobierno es el mejor posible, y esto es grave. Cualquier otra combinación sería un drama. Y digo que es grave porque está lejos de ser ideal. Por ambos lados, se realizan unas políticas que son más fruto de la ideología que de la práctica y las necesidades reales.

Si hablamos de más nombres propios, Sam Altman, CEO de OpenAI -creadora de ChatGPT- se ha reunido en las últimas semanas con gobernantes de todo el mundo alertando de los riesgos de la IA generativa.

Mucha gente, como él, ya dice que son herramientas muy peligrosas y que “si no me contratas”, malo [ríe]. Plantearlo de esta manera supone un buen negocio para esta gente.

Elon Musk

Es un facha peligroso y conspiranoico. Lo tiene todo. Es normal que se nos vayan de las manos personas con tanto nivel económico. El tema de redes sociales se podría regular perfectamente de una manera que no recorte libertad de expresión. Lo explico en el libro #FakeYou:  simplemente acotando la inversión en la difusión de información. Pero como los que más invierten en comunicación y narrativa son los partidos políticos, este tipo de legislación no la podremos ver. Tenemos un problema.

¿Cómo afecta la desinformación a la sociedad civil y cómo puede hacerlo en elecciones como la del 23-J?

El problema de la desinformación es que los segundos clientes más importantes de esta industria, de las granjas de bots y similares, después de las celebridades, son los partidos políticos. Son los principales financiadores de este problema y responsables de que esta industria florezca y avance de una manera cada vez más sofisticada y con fake news más difíciles de detectar.

"Este Gobierno es el mejor posible [en materia de digitalización y derechos de Internet] y esto ya es grave. Cualquier otra combinación sería un drama"

¿Desde dónde se consiguen más conquistas, desde el activismo o desde la política?

Habría que estar en los dos lugares, pero el espacio político está muy blindado y en el que difícilmente entra la sociedad civil. Nosotros nos dimos cuenta, cuando fundamos el Partido X, un partido friki, antipartidos, de que sin contar con medios de comunicación de impacto nacional no hay ninguna posibilidad de ganar visibilidad para competir. Los propios políticos se defienden entre sí como gremio. Se ha de buscar a las personas que no se han amoldado y trabajar con ellas, son los únicos interlocutores posibles. Gente que reconoce que necesita a la sociedad civil. La sociedad civil siempre ha sido vanguardia y nunca la política. Primero, las personas luchan por el derecho a voto y luego, mucho después, el gobernante lo da. Los políticos que entienden que deben ser una correa de transmisión, son muy pocos. Los hay, y con estos trabajamos. Pero, repito, cada vez es un espacio más difícil de alcanzar. Lo que nos queda es poder influir y meter presión desde fuera.

¿Cómo valoraría el impacto actual de Xnet, no solo en cuanto a influenciar las políticas, sino de cara a la sociedad civil?

Hasta hace muy poco, y como no había dinero institucional de por medio, éramos muy pocos los que hacíamos derechos digitales. Nadie nos hacía caso, pero éramos solo gente que nos encantaba este mundo. Lo hacíamos porque realmente nos gustaba. Era muy trabajoso pero de una camadería muy sana. Cuando ha empezado a haber muchísimo dinero porque lo digital se vuelve agenda institucional, se han generado un montón de chiringuitos que están destrozando los derechos digitales, porque se crean justamente para avalar las tesis del sistema y no dar la contraria. O para fingir dar la contraria sin hacerlo. Esto es muy costoso para el activismo sincero. Estamos en una competición sobre los contenidos contra un mainstream que le gusta al sistema. Supongo que a la gente que lucha contra el cambio climático le pasa lo mismo. Debes hacerte camino entre una cacofonía de consensos que son líneas realmente muy flojas. Y, ojo, que algo entre en las agendas gubernamentales es bueno. Antes teníamos mucho trabajo para que nos escucharan, y ahora lo tenemos para dar nuestra postura.

¿Se atreve a dar nombres propios de esas asociaciones?

No. Hay muchas. La mayoría. Como decía Sturgeon, el 90% de todo es basura [ríe]. Y esto vale también para las organizaciones de sociedad civil y para los políticos. Sabiéndolo, una se decepciona menos. Pero, lo positivo es que hay un 10% bueno.

Por último, dentro de sus múltiples facetas, también es dramaturga.

El teatro lo he ido dejando porque creo que ya no es un espacio de nuestro tiempo. A mí me interesaba para generar impacto, y ahora se consigue en Internet. Pero, sí, la narrativa es fundamental. A veces es el teatro y otras, otro tipo de acciones. Para mí, siempre ha sido un medio para un fin.