Bruselas abre una investigación en torno a la compra de VMware por Broadcom

Una de las adquisiciones más destacadas del año, la de la empresa de software VMware por parte del fabricante de chips Broadcom por 61.000 millones de dólares, está siendo puesta en tela de juicio. A las indagaciones que ya están haciendo Estados Unidos y el Reino Unido, esta semana se sumó oficialmente la Comisión Europea, que ha anunciado la apertura de una investigación para ver si la compra puede afectar la libre competencia en el mercado de algunos componentes de hardware interoperables con el software de VMware.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de la política de Competencia, explicó que “nuestra investigación inicial ha demostrado que es esencial que los componentes de hardware de los servidores interoperen con el software de VMware. Nos preocupa que, tras la fusión, Broadcom pueda impedir a sus rivales de hardware interoperar con el software de virtualización de servidores de VMware. Esto llevaría a precios más altos, menor calidad y menos innovación para clientes y consumidores”.

En concreto, Bruselas cree que la adquisición puede restringir la competencia en el mercado de las tarjetas de red (NIC), de las tarjetas de red de fibra (FC HBA) y de los adaptadores de almacenamiento, hardware que fabrica y comercializa Broadcom. El software de VMware es interoperable con una amplia gama de hardware, incluyendo los anteriormente mencionados.

En este contexto, la Comisión Europea investigará si la compra degradará o excluirá la  interoperabilidad entre el software de VMware y el hardware de los competidores de Broadcom, lo que podría aumentar los precios y disminuir la calidad de los productos. Asimismo, el fabricante de chips podría obstaculizar el desarrollo de SmartNICs por parte de otros proveedores, evitando la participación de VMware en la iniciativa que ésta comparte con Nvidia, Intel y AMD (Proyecto Monterrey) o integrar ambos software y dejar de vender el de VMware como producto independiente, reduciendo la oferta del mercado. 

La Comisión Europea tiene 90 días desde la notificación de la compra, que fue informada el pasado 15 de noviembre de 2022, para tomar una decisión. De esta forma, se espera que en mayo de 2023 el organismo dé el visto bueno definitivo (o no) a la adquisición.