Consenso y prudencia, recomendaciones para implantar la ‘tasa Google’

Desde las patronales del sector TIC español Ametic y Digitales, al igual que directivos de empresas tecnológicas como el CEO de Apple o la presidenta de IBM en España ya han manifestado sus reservas frente a la llamada 'tasa Google', un nuevo impuesto que la UE lleva valorando implantar desde hace tiempo y que finalmente España y Reino Unido han anunciado que lo pondrán en marcha en breve; nuestro país lo hará previsiblemente en 2019, una vez que se aprueben los presupuestos generales del Estado, y Reino Unido en abril de 2020.

Preguntado por el Anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales aprobado por el Consejo de Ministros (que regula que se gravará un 3% los ingresos generados por la publicidad online, la intermediación en línea y la venta de datos recopilada de la información que proporcionan los usuarios) y acerca de la actualización del concepto de ‘paraíso fiscal’ que incorpora el Anteproyecto de ley contra el fraude y que también afecta de lleno a muchas multinacionales tecnológicas, Alberto Bellé, analista de IDG Research, expone que la decisión de aplicar un impuesto tecnológico debe tomarse “de forma consensuada y no unilateral”.

“Si solamente la toman unos pocos países hay un riesgo de que se recaude menos de lo esperado, y que estas empresas encuentren mecanismos legales para que una parte de la facturación y tributación puedan realizarse en otros países europeos sin el impuesto”, explica el analista. “Cualquier nuevo impuesto de este tipo implica revisar tratados de tributación a nivel europeo o incluso con terceros países”, añade.

Además, sostiene el experto, “un impuesto mal diseñado puede aumentar temporalmente la recaudación de estos gigantes pero frenar la economía digital. Por ejemplo, puede suponer un lastre para la rentabilidad de otras empresas digitales”.

En definitiva, apunta el analista, es necesario diseñar el impuesto partiendo de un entendimiento de los mecanismos de la economía digital. “Y estos no son los mismos que los de la economía tradicional. Puede ser necesario crear nuevos conceptos, nuevo vocabulario y nuevas reglas”.

Objetivo: actualizar la forma de recaudar

El objetivo de este impuesto, añade, debe ser actualizar la forma de recaudar. “Es decir, aplicar la transformación digital a los principios de tributación nacionales e internacionales”. Y, sobre todo, en opinión de IDG Research, lo más importante para este impuesto es que funcione: “Que consiga aumentar la recaudación, estableciendo a la vez una base fiscal y jurídica para el desarrollo de la economía digital”.

Este aspecto, recuerda Bellé, que no depende únicamente de España, “es necesaria una coordinación internacional. Por eso, hay que apremiar en primer lugar a la Comisión Europea para que acelere sus plazos de decisión. Cualquier iniciativa fuera del consenso internacional hay que valorarla con mucha prudencia”.

Según datos de la propia UE, las grandes tecnológicas, sobre todo las conocidas como GAFA (acrónimo que agrupa a Google, Facebook, Amazon y Apple) pagan proporcionalmente menos de la mitad de impuestos que las empresas de sectores tradicionales: una media del 9,5% frente al 23,2%. Y a veces incluso mucho menos.

“El montante recaudado por impuestos de sociedades a los GAFA en España no llegó a 30 millones, una cifra muy inferior a lo que cabría esperar de su facturación”, apunta el analista, que afirma que en un marco en el que se está produciendo “un desplazamiento de la economía tradicional a la economía digital” es evidente que “las reglas de tributación están pensadas para una economía material, y no para la digital”. De ahí que sea “comprensible” que se quiera capturar una mayor proporción de ingresos de estas empresas.

“Si siguen emergiendo gigantes en otras áreas además del retail, publicidad, cloud o televisión que no tributen en el país la transformación digital puede ir acompañada de una pérdida importante de ingresos para las arcas públicas”, sentencia.

No obstante, reitera, una tasa de este tipo tiene que pensarse cuidadosamente. “El sindicato de inspectores de Hacienda Gestha ya mostró en su día su escepticismo. Debemos recordar que en 2017 un tribunal francés dio la razón a Google frente al Gobierno de Francia por una disputa de 1.300 millones que este quería recaudar a la tecnológica. Es decir, si no se diseña adecuadamente el impuesto, las empresas recurrirán estas decisiones, y el resultado final puede ser contrario al esperado”.

Dentro de la Unión Europea, recuerda el experto, hay países que quieren aplicar con más inmediatez el impuesto, como Francia, España o Reino Unido, frente a otros como Alemania, que abogan por asegurar primero que se diseña adecuadamente.